Con el nuevo aire que le dio el fracaso de la acusación constitucional en su contra, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), encabezó este viernes con el Presidente Gabriel Boric (FA) un nuevo Gabinete Pro Seguridad, donde ratificaron las líneas de acción para hacer frente a la crisis de criminalidad que afecta al país.
La semana pasada el Gobierno había abierto la posibilidad de que los centros de salud, como Cesfam y hospitales, cuenten con vigilantes armados, a raíz de los recientes hechos de violencia en los que personal y pacientes han sido agredidos y amenazados.
En la reunión de hoy, el Ejecutivo decidió avanzar en un estudio para determinar la factibilidad de implementar esa medida en los recintos asistenciales que presenten mayor riesgo de seguridad.
"No es que el Gobierno no quiera poner vigilantes privados; el Gobierno quiere tomar la medida que sirva más", dijo Tohá.
"Lo que queremos ver es la factibilidad de hacer algo así, porque, si vamos a tener armamento en un lugar donde no hay condiciones, donde va a ser inseguro, donde eso va a abrir riesgos de que vayan a robarles el armamento, no sería una medida que avanza la seguridad, sino que genera una vulnerabilidad adicional", advirtió.
En paralelo, el Mandatario convocará a los parlamentarios integrantes de las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado a la suscripción de un compromiso para agilizar y despachar antes de fin de año la ley de infraestructura crítica, que permitiría desplegar militares para resguardar los centros de salud.
El proyecto fue ingresado en agosto del 2023 al Congreso Nacional, y a pese a la veintena de urgencias que le ha ingresado el Gobierno, sigue en el Senado aún en su primer trámite.
"A pesar de que lleva un año con urgencia y ahora más de un mes con discusión inmediata, no han votado ningún artículo", reprochó Tohá esta mañana en Cooperativa.
ROCES CON ALGUNOS SECTORES OFICIALISTAS
A las dos opciones que el Ejecutivo tiene sobre la mesa para garantizar la seguridad civil -despachar la ley de infraestructura crítica y/o implementar vigilantes armados en recintos asistenciales-, se suman ciertos roces con algunos sectores oficialistas que han manifestado avanzar en un proyecto que quite las armas de circulación, en vez de armar a más actores.
"Aumentar las armas privadas en circulación va absolutamente en el sentido contrario (de garantizar la seguridad), aún cuando se trate de guardias", sostuvo la diputada frenteamplista Maite Orsini.
"Una mejor propuesta es la del desarme total de la población, de la mano de medidas de refuerzo policial que han sido anunciadas por la ministra (del Interior, Carolina) Tohá", agregó la integrante de la Comisión de Seguridad.
Por otro lado, el diputado republicano Johannes Kaiser -miembro de la Comisión de Defensa- manifestó su escepticismo respecto a las opciones que el Ejecutivo considera en la materia, y agregó que "le cuesta creer en las buenas intenciones del Presidente".
"¿Podemos confiar en los compromisos de este Gobierno? La verdad es que me cuesta creer en las buenas intenciones del Presidente. Por otra parte, ¿qué pasará con las leyes de inteligencia que actualmente se están tramitando en urgencia?", se preguntó el legislador.
"Finalmente, ¿qué pasa con (el proyecto) de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)? ¿Tendrán las policías y las Fuerzas Armadas las atribuciones necesarias para enfrentar un inminente peligro en resguardo de la infraestructura crítica?", cuestionó.
LA MONEDA MUEVE EL FOCO A LA AGENDA LEGISLATIVA
La Moneda apuesta a mover el foco hacia la agenda legislativa tras el fracaso del libelo con que el Partido Republicano intentó destituir a la titular del Interior.
"La acusación constitucional que ha sido rechazada por la Cámara carecía de fundamento. Así que nosotros esperamos que una vez que ha sido rechazada esta acusación, nos concentremos en sacar adelante la agenda de seguridad. Creo que hay disposición mayoritaria de los parlamentarios de ambas Cámaras, independientemente de que algunos insisten en estas acusaciones que carecen de fundamento y que implican una distracción que no contribuye al desafío que tenemos en materia de seguridad", comentó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS).
Otros de los proyectos que permanecen en el Legislativo corresponden a la Fiscalía Supraterritorial, los sistemas de inteligencia económica y del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento del Ministerio Público y las bulladas reglas de uso de la fuerza de las policías y las FF.AA.
"EL GOBIERNO NO DEBE CELEBRAR", DICE LA UDI
En la derecha, el diputado Henry Leal, militante de la UDI -partido que apoyó el libelo acusatorio-, sacó en limpio que "lo relevante en el futuro es que, si se va a presentar una acusación, tienen que existir las coordinaciones mínimas, porque aquí se requieren votos y si los votos no están, vamos a seguir haciendo papelones".
Por otra parte, aseguró que "un hecho relevante" del fallido proceso acusatorio es que "casi la mitad de la Cámara -bien poquitos votos menos-, le manifestaron que estaban dispuestos a destituirla por su mala gestión, y si no es por los votos de abstención de algunos diputados de centro, la acusación se aprobaba".
"Entonces, el Gobierno debe tomar nota y no celebrar nada", emplazó.
