El fatal fin de semana que dejó ocho homicidios en la Región Metropolitana reabrió el debate sobre el denominado "fast track 2.0" de seguridad suscrito entre el Gobierno y el Congreso, que a tres meses de su anuncio se encuentra totalmente estancado en el Parlamento.
Según dio cuenta el Ejecutivo, solo uno de los 32 proyectos de la agenda ha sido despachado para su promulgación. Se trata de la llamada "ley de reincidencia", que busca poner fin a la "puerta giratoria" que permite a los delincuentes volver rápidamente a las calles una vez que han ingresado a prisión.
La iniciativa, que ayer quedó lista para operar tras su revisión en el Tribunal Constitucional (TC), Fue presentada por senadores de oposición en enero de 2023 y, tras un paso por comisión mixta, fue despachada finalmente por la Cámara y el Senado a inicios de junio último.
El control constitucional impugnó sólo uno de los artículos, que permitía -previa autorización de un juez- interceptar comunicaciones de una víctima cuando existieran sospechas fundadas de que éstas pudieran aportar información relevante para el esclarecimiento de delitos y sus partícipes.
"Lo relevante es que vamos a tener la reforma más profunda al sistema procesal penal desde el punto de vista de eliminar resabios garantistas que solo beneficiaban a los delincuentes, castigando más duramente a los reincidentes que deambulaban por los tribunales pero que finalmente terminaban en las calles, en los barrios y con la impunidad claramente instalada en nuestro país", dijo el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), expresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.
"Si bien va a haber más personas privadas de libertad, la responsabilidad del Estado es precisamente proteger a las víctimas y mejorar el sistema carcelario", afirmó el parlamentario.
Distinta es la suerte de proyectos como la ley de inteligencia económica, la creación del Ministerio de Seguridad, la protección de la infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza (RUF), algunas de las iniciativas que están enredadas en su tramitación.
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y RUF
El proyecto de infraestructura crítica, que busca dar operatividad a la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente, está recién en su primer trámite en el Senado.
En lo principal, el texto establece criterios para determinar qué se entenderá por infraestructura crítica del país; los instrumentos de gestión y preparación para la protección de la misma; las obligaciones para los operadores públicos y privados de infraestructura crítica; las infracciones y sanciones; y las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas, entre otras materias.
El plazo para presentar indicaciones vence este viernes.
Sin embargo, antes de que se apruebe esta ley, necesariamente tiene que visarse en el Congreso el proyecto de reglas de uso de la fuerza (RUF), comprometido para despacharse en septiembre.
Esta iniciativa está en las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad del Senado.
El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Defensa, explicó que "son tres los nudos críticos" que tiene el proyecto de las RUF.
"El primero tiene que ver con el alcance de la normativa; es decir si se van a regular solamente principios de carácter general o bien se va a entrar en la casuística de cuándo deben utilizarse las RUF", indicó el congresista.
"El segundo tema", detalló Araya, "tiene que ver con la discusión que se va a dar respecto de la ampliación de algunas eximentes de responsabilidad penal como lo son, por ejemplo, la legítima defensa privilegiada y el cumplimiento del deber".
"El tercer gran nudo tiene que ver con la competencia de la justicia militar; es decir si las fiscalías militares van a ser los llamados a conocer, y no el Ministerio Público, cuando eventualmente se puedan cometer delitos por personal de Fuerzas Armadas cuando se encuentran desplegados en cumplimiento de alguna misión que se les da para el control del orden público", añadió.
Araya subrayó que esperan "poder despachar este proyecto a la Sala del Senado en el mes de septiembre, en la medida en que se logren consensos que permitan destrabar estas tres áreas críticas".
No obstante, el senador Manuel José Ossandón (RN) dijo creer que "va a ser aprobado durante el mes de octubre".
El parlamentario, integrante de la Comisión de Defensa, apuntó que "uno de los problemas que existen hoy día en la discusión de las RUF es la falta de certeza jurídica para los funcionarios, porque creemos que el Ejecutivo confunde un par de principios. También el Ejecutivo eliminó el eximente que protegía al personal. Eso venía a la Cámara de Diputados".
"Nosotros creemos que no está definido el tema (de) si existe o no una justicia especializada", acotó Ossandón.
FUNERALES NARCO
En paralelo, el proyecto de ley que busca acotar el proceso funerario y ceremonias en cementerios cuando se trate de un narcotraficante está en segundo trámite en el Senado.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Corporación, el senador Iván Flores (Democracia Cristiana) comentó que el texto "viene desde la Cámara (Baja) bien complejo, un poquito enredado, y estamos tratando de resolverlo de tal manera de que la próxima semana ya estemos en condiciones de votar este proyecto".
La iniciativa, destacó el falangista, "establece un plazo perentorio y reducido para que desde que un cadáver de un delincuente salga del Servicio Médico Legal (SML) sea el destino inmediato el lugar de sepultación o el lugar de cremación, pero no hay velorio y los trayectos están súper acotados".
Lo anterior, porque "no puede ser que la comunidad se trastoque completa, suspendiendo clases, suspendiendo horas en los consultorios, la gente esté asustada en el entorno por las balaceras, fuegos artificiales, las riñas", sostuvo Flores.
La Comisión de Seguridad del Senado va a sesionar de manera especial el jueves 29 y viernes 30 de agosto en la ciudad de Arica para escuchar a la comunidad local.
