Jorge Correa Sutil explicó que quienes quieran participar del desarme que promueve el Estado pueden hacer el trámite de forma completamente anónima y sin que se le realicen preguntas.
Jorge Correa Sutil, subsecretario del Interior, pidió a los chilenos aprovechar las disposiciones de la nueva ley de Control de Armas, promulgada el miércoles 4 de mayo por el Presidente de la República, y entregar a la autoridad las armas ilegales que mantengan en su poder, solicitud que extendió incluso a quienes hayan cometido delitos con éstas.
"Esta es la posibilidad para todas esas personas que tienen armas, y que sienten que más bien los incomoda, les sobra, los arriesga, para hacer dos cosas: si usted quiere mantenerla, tiene cuatro meses para inscribirla sin costo", precisó.
Correa Sutil agregó que la segunda opción corre para quienes quieren deshacerse del arma. "Va a la comisaría más cercana, entrega el arma y no le van a preguntar de dónde la obtuvo, qué hizo con ella, cuántos delitos alcanzó a cometer, ni siquiera el nombre", expresó.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad estimó que este desarme "depende de la colaboración que tengamos", la que puede estar marcada por el temor de muchas personas por acercarse a una unidad policial, por lo que el Ejecutivo está en conversaciones con "algunas iglesias", para estudiar la posibilidad de que a través de éstas se facilite la entrega de armas.
El subsecretario también insistió en que tener un arma inscrita en el hogar no garantiza mayor seguridad, "por cada persona que se defiende con un arma en su casa, hay 350 personas a quienes les roban esas armas y lo denuncian, deben haber bastante más".
"O sea, muy poca gente logra usar el arma para defenderse, en cambio mucha gente que tiene armas se las terminan por robar", detalló.
Asimismo, destacó que a diferencia de la ley anterior, vigente desde principios de la década de 1970, "se podía llegar a no aplicar sanciones" por porte u uso ilegal, ahora "a lo menos la persona que tiene un arma ilegal va a pagar una bastante alta".
Consultado por la intervención de la población Emergencia, en la comuna de Hualpén, Octava Región, el subsecretario la describió como "muy pobre, abandonada de la mano del Estado, y donde se había ido desarrollando poco a poco mucho tráfico de drogas".
Esta intervención social, la primera fuera de la Región Metropolitana y la octava a nivel nacional, se decidió -explicó- pues a pesar de que se conocía de la existencia de delitos, éstos no se denunciaban, lo que indica que se estaba comenzando a aceptar socialmente la actividad ilícita.
"El Estado vuelve a ese lugar con mucha fuerza, se invierten dineros, se refuerzan las organizaciones comunitarias, se rescatan los espacios públicos y se trabaja, sobre todo, muy fuerte con los niños en riesgo social", señaló Correa Sutil.
