La iniciativa contempla castigos de hasta 540 días de presidio.
Gobierno anunció reserva de constitucionalidad, pero su concreción está en duda.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley este martes el proyecto que castiga con penas de cárcel efectiva -presidio menor en sus grados mínimo a medio- a quienes sean sorprendidos portando líquidos combustibles en el contexto de manifestaciones.
El texto, que contempla penas de hasta 540 días de presidio, está inserto en la agenda de seguridad consensuada entre el Gobierno y el Parlamento.
Desde el oficialismo han criticado que la propuesta cambie la idea matriz del proyecto original del Ejecutivo, que sólo buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles, pero luego la oposición presentó la norma a fin de aumentar las penas.
Producto de esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo reserva de constitucionalidad de parte del Ejecutivo y adelantó un posible veto.
Sin embargo, ha trascendido que, a raíz del veto ingresado al proyecto antiusurpaciones, La Moneda no tendría mucho espacio político para acudir al Tribunal Constitucional (TC) o vetar otra ley. Así lo han admitido parlamentarios oficialistas.
"(En el oficialismo) están enamorados de las multas y todos sabemos que las multas no son disuasivas, no se pagan en la práctica, y prescriben en seis meses", señaló el diputado Andrés Longton (RN).
"Cuando se quiere poner multas a delitos graves, como portar combustible, que puede repercutir o terminar en el atentado a un carabinero, a un profesor, a un miembro de un establecimiento educacional, como la persona que fue rociada con líquido acelerante y afortunadamente no se le prendió fuego, nuestro país muestra que está cansado y agotado, y esas cosas tienen que ser sancionadas penalmente", agregó el opositor.
El también abogado enfatizó que el proyecto "se aprobó con amplia mayoría y quedó listo para ley", y defendió los términos en que quedó el texto: "Todos sabemos que las multas no disuaden. Al igual que las usurpaciones, deben tener penas efectivas, de cárcel, porque quien está con combustible en una manifestación tiene como objetivo claramente atentar contra la vida de una persona".
Mientras que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) indicó que "aprobamos el día de hoy la ley que sanciona con cárcel a quien porte elementos acelerantes -bencina, combustibles- en un contexto de una manifestación. La agenda de seguridad impulsada particularmente desde el Senado y la Cámara de Diputados, ha ido significado de a poco el fin del octubrismo que vivió nuestro país, en especial respecto de normativas que eran blandas, que significaban multas que nunca se cobraban, que significaban la impunidad en muchos delitos".
El Gobierno no tenía en sus planes que la iniciativa fuera despachada hoy y, de hecho, buscaba enviarla a una comisión mixta para mejorar la redacción. Pero al menos siete diputados oficialistas se sumaron aiposición y dieron la mayoría suficiente para la aprobación: los liberales Luis Maya y Alejandro Bernales, el independiente-liberal Sebastián Videla, el PPD Raúl Soto, el independiente-PPD Héctor Ulloa y los radicales Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado.
