La ministra del Interior Carolina Tohá aclaró sus dichos sobre las usurpaciones no violentas, al referirse a ellas como "usurpación pacífica", el pasado viernes cuando entregó detalles del veto presidencial de 14 observaciones a la Ley de Usurpaciones.
Lo señalado por la secretaria de Estado generó críticas desde la oposición, que intenta endosar la responsabilidad la responsabilidad política al Ejecutivo y apuntando que tales "usurpaciones pacíficas" se encuentran "solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política", como dijo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).
No obstante, la jefa del Interior reconoció su error y dijo "la verdad es que el termino no es 'usurpación pacífica'; se llama 'usurpación no violenta' y se desprende de la ley actual".
Bajo lo mismo, explicó: "La ley clasifica la usurpación de tres maneras: primero, está la usurpación con violencia e intimidación, que es cuando se agrede a las personas; después, la usurpación que genera daños, y la usurpación que no intimida ni hiere a personas ni destruye cosas, que es la usurpación no violenta".
Asimismo, aseveró que las tres maneras son delito en la nueva ley: "En las tres se puede detener; el delito es permanente, y la policía puede actuar en todo momento. Además en las tres el juez va a tener a disposición de penas de cárcel cuando su evaluación le haga pensar que eso es lo que corresponde".
Tohá reafirmó que "el veto recoge el estándar que las mismas mociones de la oposición tenían, entonces no nos parece que sea una aspiración utópica converger en lo que fue la intención inicial".
En tanto, la tramitación del veto comenzará el miércoles y esta tarde se da cuenta del ingreso en la Sala del Senado. Por consiguiente, la Comisión de Seguridad –liderada por Felipe Kast (Evópoli)- comenzará el análisis de las 14 observaciones, las que el Ejecutivo apunta que "salvaguarda el delito, pero elimina la autotutela".
DECLARACIONES "INSULTANTES" DE LA OPOSICIÓN
Este debate se cruza con la discusión de una nueva solicitud de prórroga al estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, por el que la ministra Tohá compareció ante la Cámara Baja, contexto en el cual insistió que "usurpación no violenta" es el nombre que tal delito "tiene en la ley, en el proyecto que ustedes aprobaron también se llama así", aunque acotó que "siempre un delito es una violencia para la víctima".
Además, apuntó que "muchos de los que están en esta Sala fueron voluntarios de TECHO. ¿Hoy visitarán esos campamentos para decirle a toda esa gente que debiera estar en la cárcel?".
Finalmente, la titular del Interior reprochó a parlamentarios de oposición que llegaron a acusar que el Gobierno se arrodilló ante la Coordinadora Arauco Malleco al avanzar en este camino dentro del veto.
"Que se diga que por esto el Ejecutivo no quiere perseguir a los delincuentes, que tenemos relaciones con los grupos militarizados... Las acciones violentas han bajado en un 43% con el Gobierno del Presidente Boric. Las usurpaciones este año van en 30 y tantas, y en el gobierno del Presidente Piñera, a estas alturas del año, iban 200 y tantas", destacó.
Si bien coincidió en que "hay mucho que mejorar" en la persecución de estos grupos, dijo esperar que "en estos debates discutiéramos eso, no fantasmas, antes de poner ese nivel de sospecha y de palabras insultantes para nosotros".
Posterior al debate en Sala, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, recalcó que el ingreso del veto "ha provocado un debate con argumentos falaces, y todo tiene un límite: tengo aquí el proyecto del senador Kast: en su cuarta página, punto número cuatro, dice 'usurpación no violenta'. No es un concepto que haya inventado el Gobierno", y que la propuesta original "modificaba las penas en términos que establecían trabajos comunitarios, pero no penas de cárcel".
"Es bienvenido el debate democrático y el contraste de puntos de vista en contexto de respeto, pero no haciendo vinculaciones con grupos que han ejercido la violencia, cuyo máximo dirigente está hoy detenido", añadió el secretario de Estado, refiriéndose al líder de la CAM, Héctor Llaitul.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
En tanto, el senador José García Ruminot (RN) fustigó los dichos de Tohá respecto a los voluntarios de TECHO y recordó de que "el propio proyecto de ley contiene normas especiales para los campamentos oficiales reconocidos por el Catastro de Campamentos hasta el 31 de marzo del año 2024, en que ellos no van a ser tocados, entonces a mí me parece que esos argumentos son completamente ajenos a la realidad".
"Yo lamento que ella como ministra del Interior y Seguridad Pública use ese tipo de argumentos, que lo que hacen en el fondo, lo que buscan es descalificarnos. También nos sentimos maltratados, porque cuando ellos ahora establece que para la usurpación no violenta la pena podría ser una multa, nos parece que no corresponde, aún cuando quede a criterio del juez, porque finalmente se baja estándar. Debe ser sancionada con presidio, eso fue lo que trabajamos durante meses en la Comisión de Seguridad", añadió.
En contraparte, el senador Manuel José Ossandón (RN) sostuvo que "debo reconocer que cuando ellos hablaron del tema de la legítima defensa privilegiada, el Gobierno tenía razón, porque a eso se le puede dar un mal uso y puede generar violencia entre privados, eso era parte de un veto con sentido común, no tratando de defender ideológicamente las tomas".
Finalmente, el senador Felipe Kast (Evópoli) fustigó que "por qué en vez de celebrar que finalmente los usurpadores van a poder pagar con cárcel, paradójicamente en Chile tenemos simplemente multa, y este proyecto de ley en su corazón tiene justamente que sea cárcel para los usurpadores y el Gobierno eligió ponerse del lado de los usurpadores y no de las víctimas".