Toda apropiación ilegal "es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona", dijo el presidente del Senado ad portas de la tramitación del veto.
Mañana se dará cuenta en la Sala de la Cámara Alta del ingreso de las 14 observaciones.
Esta semana comienza formalmente en el Congreso la tramitación del veto que el viernes el Gobierno presentó a la Ley de Usurpaciones.
Mañana se dará cuenta en la Sala del Senado del ingreso de las observaciones del Presidente Gabriel Boric.
La discusión arrancará en la Comisión de Seguridad, cuya titularidad está en manos de Felipe Kast (Evópoli) y que deberá pronunciarse acerca de la calificación de cada veto -vale decir, si es que su contenido corresponde a uno del tipo aditivo, supresivo o sustitutivo-, antes de poner en votación de sus miembros el fondo de cada observación del Ejecutivo.
Según explicó La Moneda la noche del viernes, el veto no es a la ley completa, sino que contiene 10 observaciones de fondo y cuatro de carácter formal.
Con éstas, se mantiene el delito de usurpación, pero se fija pena de cárcel sólo para las ocupaciones violentas y con daños materiales. Los jueces deberán decidir si castigan con presidio o multa las usurpaciones "no violentas".
Por otro lado, se elimina la autotutela; es decir, se suprime la legítima defensa privilegiada, que permitía restituir el bien tomado por mano propia.
Desde la oposición han tratado de instalar en su relato que solamente en el razonamiento del Gobierno existen las usurpaciones sin violencia.
No obstante, ello contrasta con lo que señala actualmente el Código Penal vigente, que reconoce que existen usurpaciones sin violencia.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), indicó que "en Chile el marco regulatorio vigente, el Código Penal, distingue entre usurpaciones violentas y no violentas, así que llama la atención que se planteé como si esta fuera una distinción que hubiera establecido el Gobierno a través del veto, y es más, los autores de la moción que dio origen a este proyecto aprobado por el Congreso Nacional, mantuvieron dicha clasificación. Creo que aquí lo relevante es que abordemos el contenido de las propuestas, más que estar repitiendo eslóganes de distintos tipo".
"Desde mi perspectiva, toda usurpación es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona. No entiendo bien la naturaleza del veto, que lo que busca es hacer esta diferencia que existe, a mi juicio, solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política", afirmó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).
"Yo comparto esa definición: no existe usurpación pacífica", insistió el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (Democracia Cristiana), reafirmando lo que expresó el fin de semana.
Consultado por qué el Congreso no eliminó el concepto de la usurpación sin violencia, que sigue reconocida en el Código Penal, Cifuentes admitió que "puede haber una falla en la legislación, claramente".
Desde las bancadas, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) aseguró que "pareciera ser que las voces del Partido Comunista y del Frente Amplio se terminaron imponiendo, porque el debate lo habían perdido en el Congreso, por amplia mayoría, de que las penas tenían que ser de cárcel y no de multas".
Desde el PC, en tanto, la diputada Alejandra Placencia retrucó que "lo que hemos hecho es mostrar nuestra posición durante toda la tramitación y eso ha significado, primero, la no criminalización de la pobreza. Cuando se pretende homologar a bandas delictivas con la situación de los campamentos, pretendiendo resolver con cárcel aquello que tiene que ver con una política pública que es una deuda histórica en nuestro país es un absurdo inaceptable".
