En medio de los reparos transversales a la reforma constitucional en seguridad ingresada por el Ejecutivo al Congreso, el exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó duramente los alcances de la propuesta.
El proyecto establece un estado de excepción de hasta 240 días -ocho meses- sin control parlamentario y permite la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial previa.
Pese a señalar que la bancada de su colectividad "probablemente" no rechazará la idea de legislar, el excandidato presidencial advirtió que "si el estado de excepción quedase en esas circunstancias, evidentemente va a haber que considerarlo", por tratarse de "una situación muy difícilmente defendible".
"Lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales; son los derechos de todos los ciudadanos, y esa restricción se debe hacer en un periodo lo más corto posible; de otra manera, es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático", alertó el líder del PNL.
El oficialismo busca contener las críticas en sus propias filas
Aunque algunos sectores de la derecha mantendrían su respaldo general, exigieron acordar un protocolo de cambios y acotar las facultades presidenciales contempladas en la iniciativa.
Desde Chile Vamos, Andrés Longton, senador de Renovación Nacional (RN), reconoció que el avance del proyecto "está cuesta arriba hoy día" y que "es necesario hacer modificaciones en la discusión en particular".
Descartó, sin embargo, que la iniciativa represente un quiebre institucional: "No creo que sea un peligro para la democracia; si fuera un peligro para la democracia, el Presidente lo instauraría sin pasar por el Congreso", sostuvo.
"Sin perjuicio de eso, claramente que hay cosas que corregir y otras cosas que son virtuosas en la reforma que yo, por lo menos, quiero apoyar; particularmente lo que tiene que ver con el régimen carcelario", añadió Longton.
En esa misma línea, el senador independiente Rojo Edwards planteó que "sería muy buena señal que existiera con los parlamentarios oficialistas un protocolo de algunas mejoras", al admitir que "el largo del estado de excepción es demasiado grande" y que "la designación final de los organismos criminales puede ser conveniente que sea hecha no por el Senado".
La oposición endurece sus críticas
Desde la oposición, los cuestionamientos apuntaron a la extensión de las restricciones a garantías individuales y al diseño original de la propuesta.
Según el senador socialista Juan Luis Castro, "estamos frente al peor debut que puede tener el Gobierno para una reforma estrella que pretendía imitar la megarreforma económica y que hoy día tiene una piscina sin agua".
"No he visto nunca que un proyecto que lleva un día haya concitado tal nivel de repudio ampliamente en casi todos los sectores, partiendo por las propias filas del oficialismo", remarcó.
Su par comunista Claudia Pascual recalcó que "es un estado de excepción altamente criticado", que "le permite, sin control democrático, llegar hasta ocho meses" y "no va focalizado a quienes se tiene que perseguir".
Mientras, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, afirmó que en el Ejecutivo "no saben cómo recular; no se atreven a retirar esta aberración jurídica".
"Esto es una premeditación porque están apostando a perpetuarse en el Gobierno", aseveró el falangista.
Ante este escenario, y de cara al inicio de la tramitación tras el receso legislativo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó la disposición del Gobierno a abrirse a modificaciones en el articulado para alcanzar los consensos necesarios en el Congreso.
Más temprano, en conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó tintes autoritarios en el controvertido proyecto y afirmó que en esta discusión "el Gobierno ha puesto el tono adecuado".
