En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, rechazó este miércoles las críticas de sectores de la oposición que acusan un sesgo "iliberal" o "autoritario" en la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Sus declaraciones se suman a la postura manifestada por el Presidente José Antonio Kast, quien ayer descartó afanes antidemocráticos en el proyecto.
Al ser consultado sobre los cuestionamientos que surgieron tras el ingreso de la iniciativa al Congreso, Pavez descartó de plano sentirse parte de una Administración de carácter autoritario: "No, para nada", afirmó.
El titular de la Subsecretaría del Interior remarcó que "los énfasis del Gobierno —con todas las dificultades que significa un Gobierno siempre, cualquier Gobierno— (han estado centrados) en tratar de sacar un proyecto de ley que ha sido histórico: en cuatro meses se sacó el proyecto de la Ley de Reconstrucción; (en) bajar los impuestos en Chile y muchas otras cosas más; (en) centrar los esfuerzos en seguridad en todos los niveles: operativo, legislativo y también una discusión constitucional que es importante, creemos, tener".
"Sin un afán refundacional, sin inventar la rueda constitucional, sí nos parece que es interesante poder ir creando herramientas creativas, porque el fenómeno de la seguridad ha cambiado; no es el mismo de la entrada en vigencia de la (actual) Constitución", argumentó la autoridad.
"El Gobierno ha puesto el tono adecuado"
Ante las objeciones parlamentarias respecto de un presunto exceso en las atribuciones planteadas, Pavez señaló que "es válida, por supuesto, la crítica (...) Recordemos que la reforma constitucional requiere en ambas Cámaras un quórum bastante alto y eso va a significar tener una buena discusión legislativa y llegar a los entendimientos".
En esa línea, confió en que la tramitación derivará en un consenso amplio para actualizar la institucionalidad de protección pública: "No creo que en el Congreso el ánimo sea dar una señal distinta a potenciar las herramientas del Estado en materia de seguridad, y ahí la discusión va a estar en torno a cuál va a ser la mejor redacción".
"No me imagino a ningún parlamentario de ni ningún sector... Bueno, algunos sectores sí, los más duros de la oposición, pero en general me parece que la gran mayoría del Congreso Nacional va a estar con el Presidente en cuanto a que la ciudadanía hoy reclama en todos los tres niveles —operativo, legislativo y también constitucional— una respuesta de actualización para lo que se está haciendo y para los desafíos que se requieren, y creo que en esa discusión, en ese tema, el Gobierno ha puesto el tono adecuado", concluyó Pavez.
La reforma, que ingresó formalmente a través del Senado, contempla un conjunto de medidas orientadas al combate contra el crimen organizado y el terrorismo, entre las que destacan la inhabilitación, mediante ley de quórum calificado, de prestaciones sociales (salud, educación, participación en sindicatos y seguridad social) para condenados hasta por 15 años después de cumplida la pena.
El texto también otorga la facultad al Presidente de la República para declarar a una entidad como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Además, crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública, aplicable ante una "calamidad y amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad" y que el Ejecutivo podría extender hasta por ocho meses antes de requerir la aprobación del Congreso, otorgando facultades para suspender libertades de locomoción y personal, así como para interceptar, abrir o registrar comunicaciones.
Paralelamente, el Gobierno impulsa iniciativas como una nueva ley anti-barricadas que busca penalizar interrupciones de tránsito (incluido el Metro). Según precisó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, bajo este esquema el derecho a manifestarse debería ejercerse principalmente en plazas, parques o recintos privados.
