El jefe del ente regulador, Jorge Rivas, confirmó que se revisa la eventual caducidad, la máxima sanción posible tras el prolongado corte de agua.
Essal ha evitado referirse a la eventual caducidad, pero adelantó que pagará compensaciones a los usuarios.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) estudia la posibilidad de poner fin a la concesión de Essal en Osorno luego del corte de agua potable que se extendió por 10 días, y que se restableció en su totalidad ayer domingo, a causa de un derrame de petróleo en el río Rahue.
Luego de la reposición del suministro, el Gobierno pidió al ente regulador que acelere la investigación iniciada el 11 de julio, cuando se dio a conocer la situación y se produjo la interrupción del servicio. El Ejecutivo, molesto con Essal por informar "medias verdades" sobre la emergencia, apunta a aplicar "las mayores sanciones según la ley", como aseguró el Presidente Sebastián Piñera en Twitter.
Desde 8 am reestablecido con total normalidad suministro agua en Osorno. Por precaución mantendremos Sistema de Emergencia operativo y Alerta Sanitaria vigente. Aplicaremos a Essal las mayores sanciones según la ley y perfeccionaremos legislación sanitaria para asegurar el agua.
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) July 21, 2019
En ese sentido, el superintendente Jorge Rivas confirmó a La Tercera que "la caducidad, que es la máxima sanción posible, se está analizando", pero aclaró que "eso es parte del análisis jurídico" en el marco de la indagatoria que lleva a cabo, y que se prevé que termine esta semana.
Una vez finalizada la fase investigativa, la SISS deberá formular "los cargos que queremos aplicar y qué tipo de sanciones podrían conllevar", para luego dar paso para que la empresa pueda hacer sus descargos.
Aunque se evalúa medida, fuentes del Gobierno -que cita el matutino- sostienen que el estudio debe ser exhaustivo ante de resolver la eventual caducidad de la concesión, ya que se trata de una decisión compleja.
Al igual que el Mandatario, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, planteó la necesidad de que las sanciones "sean acordes a la enorme gravedad de lo sucedido", y en caso de que se lleve a cabo la caducidad, explicó que "debe haber un administrador provisional y luego se hace una licitación para que llegue otra compañía".
En tanto, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, que acusó anteriormente a la empresa de "engañar" a Piñera, afirmó que "se debe poner fin a la concesión, es lo que corresponde", mientras que espera que "las personas, después de tanto sufrimiento y problemas, vuelvan a tener tranquilidad".
La empresa ha evitado referirse al posible término de su concesión, que mantiene desde 1998, pero ya adelantó que "pagará las compensaciones que correspondan" a los clientes afectados por el prolongado corte de agua.
De todos modos, las multas a Essal pueden llegar hasta los 600 millones según determine la investigación, que se enfoca en tres tópicos: el corte de suministro, la reposición oportuna y la información entregada a consumidores y a la autoridad.
