La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones la compra de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) y CGE Servicios S.A. por parte de la sociedad china State Grid International Development Limited (SGIDL), valorada en 3.039 millones de dólares.
Luego de que se anunciara la operación, la FNE puso en la mira el progresivo control chino de la energía pues las empresas agrupadas en la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del Estado (Sasac) de ese país, participan en todas las fases del negocio eléctrico en Chile, y abrió en febrero una investigación para determinar eventuales infracciones contra la libre competencia económica.
Sin embargo, la FNE concluyó que la operación "no es apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados de generación, transmisión y distribución eléctrica, así como también en los servicios no regulados asociados a la distribución y la comercialización de transformadores de distribución estándar (transformadores) y equipos compactos de medida (ECM)".
El año pasado, SGIDL -subsidiaria de la estatal china State Grid Corporation of China, considerada la mayor compañía de servicios públicos (utility) en el mundo- también completó la compra del 100 por ciento de la chilena Chilquinta -antes de propiedad de Sempra Energy- tras pagar 2.230 de dólares millones.
De esta forma, con la compra de CGE la empresa asiática alcanzó una participación de más de 50 por ciento en el mercado de distribución de electricidad en Chile.
Así las cosas, las empresas chinas ahora participan en la generación de electricidad, a través de Pacific Hydro y otras dos hidroeléctricas; de la transmisión de electricidad, al ser dueñas del 27 por ciento de Transelec; y ahora de la distribución de electricidad, a través de CGE.
NO AFECTARÁ LA COMPETENCIA, SEGÚN LA FNE
En su análisis, en el segmento de generación eléctrica, la FNE descartó un aumento del poder de mercado de SGIDL dado que, por un lado, "las centrales de generación que forman parte de su grupo empresarial, a través de Sasac, tienen participaciones de mercado menores y, por otro lado, CGE no posee centrales de generación en el Sistema Eléctrico Nacional".
"Tampoco se identificaron problemas en el segmento de comercialización de energía en zonas de concesión dada la baja participación de mercado conjunta de las partes", agregó.
Asimismo, "se descartó un aumento del poder de mercado de SIGDL en transmisión zonal, que tiene por objeto el transporte de energía para abastecer a clientes sujetos a regulación de precios, ya que la naturaleza de monopolio natural de la actividad implica que las empresas de transmisión no compiten entre sí, lo que justifica que las variables competitivas del segmento estén fuertemente reguladas y que las empresas transmisoras queden sujetas a la intervención y supervigilancia de las autoridades sectoriales".
Por otro lado, en las licitaciones de nuevas líneas de transmisión "tampoco representaron objeciones ya que se trata de procesos públicos y abiertos a otros actores nacionales e internacionales y, adicionalmente, porque SGIDL y CGE no serían competidores cercanos en este mercado", expuso la Fiscalía.
En cuanto a la transmisión dedicada, que tiene por objeto el transporte de energía para abastecer a clientes no sujetos a regulación de precios o para inyectar energía por parte de las generadoras, se descartaron riesgos producto de la operación considerando que las líneas de las partes no serían sustitutas y que existen diversas líneas de otros actores alternativos.
A la vez, sobre la distribución eléctrica y servicios regulados asociados, la FNE determinó que "las partes no son competidores entre sí, ya que, al igual que en la transmisión zonal, se trata de un segmento que también opera bajo condiciones de monopolio natural en el ámbito geográfico de su respectiva concesión y que, justamente en virtud de ello, las variables competitivas del segmento estén fuertemente reguladas y las empresas distribuidoras queden sujetas a la intervención y supervigilancia de las autoridades sectoriales".
La investigación también "descartó que la operación generase un alza en precios al afectar el proceso tarifario desarrollado por la CNE", al igual que los supuestos "riesgos en servicios no regulados asociados a la distribución, considerando que las actividades de CGE y de SGIDL no se realizan en la misma área geográfica, sino que, generalmente, dichos servicios se prestan dentro de la zona de concesión de sus respectivas distribuidoras".
"La Fiscalía también descartó que la operación pudiera aumentar el poder de mercado de SIGDL en los mercados de comercialización de transformadores y de ECM, debido a que existen otros fabricantes locales relevantes y a que se trata de productos homogéneos, fáciles de sustituir por distintos proveedores y sin mayores dificultades para la entrada de nuevos competidores", sostuvo.
En el análisis sobre si la operación podía generar y/o profundizar el poder de mercado de SGIDL dada su participación en los distintos segmentos de la cadena de valor (tales como generación-transmisión, generación-distribución y generación distribuida-distribución), se descataron "riesgos en todas las relaciones verticales porque no se altera sustancialmente ni la capacidad ni los incentivos actuales de las partes en ninguna de ellas".
De todas maneras, "atendida la integración vertical de CGE y de SGIDL entre los distintos segmentos de la industria, y que el artículo 7° de la Ley General de Servicios Eléctricos limita dicha integración", la FNE remitirá los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el regulador del ámbito, para que determine si existen o no infracciones a la normativa.
En su momento la operación también fue cuestionada por su riesgo geopolítico, pero la Fiscalía Económica precisó que ese aspecto "no forma parte del análisis que por ley puede y debe efectuar al analizar operaciones de concentración".
STATE GRID CELEBRA LUZ VERDE
La estatal china State Grid reaccionó y se manifestó "conforme" con la decisión de la FNE. Es un "reconocimiento a que esta operación no genera riesgos potenciales a la libre competencia", destacó.
"Con esto, podemos poner nuestro foco en convertir a CGE en un proveedor de energía responsable y confiable, y reforzar nuestro intenso plan de inversiones, que se concentrará en mejorar la red eléctrica local y en fortalecer la calidad de servicio que se entrega a los clientes", detalló.
CGE, que hasta ahora era propiedad de la española Naturgy, es la mayor compañía de distribución de electricidad en Chile y suministra al 45 por ciento de hogares del país, con una plantilla de 1.463 trabajadores a septiembre de 2020.
