En medio del extenso corte de luz que sigue afectando a miles de personas en el país, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este domingo de un nuevo oficio a la empresa Enel: debe reponer en 72 horas el suministro eléctrico en la totalidad de los hogares afectados en la Región Metropolitana.
La medida se da luego que la empresa distribuidora lograra superar la meta de devolver el servicio de energía a al menos 14 mil hogares de la región, manteniendo así el plazo de caducidad vigente en su etapa de requerimiento.
De todas maneras, este presunto cumplimiento está siendo verificado por el ente regulador en estas horas.
En cuanto a las formulaciones de cargo, desde la SEC indicaron que ya se han realizado cuatro a Enel y tres a CGE, a lo que se suman las formulaciones en las regiones de O'Higgins, Ñuble, Biobío y La Araucanía contra las empresas CGE, Coelcha, Saesa, Frontel, Coopelan y Codiner.
En concreto, el ministro de Energía, Diego Pardow, relevó que las firmas "deben reponer el suministro a la totalidad de los clientes que quedan (afectados) por el frente de mal tiempo, o bien, alcanzar un acuerdo de reposición posterior, en los términos que se determine con cada persona".
"Si no se hace ninguna de las dos cosas, obviamente vamos a tener que movernos a la siguiente fase administrativa del proceso de caducidad de la concesión", reiteró, antes de admitir que "la fase adversarial tomaría mucho tiempo, y nosotros quisiéramos que la gente tenga luz, y no tener que estar disputando" este aspecto.
Hasta este domingo, la Región Metropolitana sigue siendo la más afectada por el extenso corte de luz, registrando aún 19.000 clientes sin el servicio básico, seguida por La Araucanía con cerca de 6.000 y Valparaíso con 2.019.
La posible participación del Estado
Respecto a una posible participación del Estado en la distribución de este servicio, el ministro Pardow afirmó que se trata de "una discusión que hay que tener con tiempo", dado que la urgencia en estos momentos es "conseguir que la reposición del suministro ocurra lo antes posible".
"Después de eso (se requiere) que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tengan un acceso expedito a mecanismos de compensación, y después debemos tener la discusión de fondo", puntualizó la autoridad.
De todas maneras, el titular de Energía advirtió que dicha discusión "no puede limitarse solamente a cómo remediamos o cambiamos nuestro modelo de tarifación y cómo incentivamos la inversión privada, sino que también necesitamos tener una discusión de fondo sobre cuáles son las capacidades que queremos que tenga el Estado".
Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), aseguró que el desempeño de las empresas de distribución eléctrica en regiones "ha sido débil", por lo que se abrió a la posibilidad de una participación estatal en la cadena de distribución.
"Estamos en un punto en el cual es perfectamente posible definir si a futuro vamos a tener reglas nuevas, tanto una Superintendencia fuerte -porque hoy es muy raquítica para controlar a los privados-, como tener un rol del Estado en una parte de la participación", analizó el legislador.
Asimismo, afirmó que esta propuesta no se trata de "estatizar la distribución eléctrica como fue Chilectra", sino que el Estado pueda tener una participación similar a la que tiene con "ENAP en los combustibles o Fonasa en la salud pública y privada", y así poder "ser un actor".
Escepticismo en la oposición
En la oposición, en tanto, cuestionaron el proceso de caducidad que el Gobierno está llevando con Enel, advirtiendo un presunto aprovechamiento al plantear la participación del Estado en la distribución de energía.
"No le creo al Gobierno este proceso de caducidad, y puedo afirmar hoy que va a terminar en nada. Solo multas y sanciones pecuniarias y compensaciones para aquellos usuarios que se han visto impedidos ya por semanas el tener acceso a la energía", afirmó el diputado Andrés Celis (RN).
"En cuanto a que parte de la distribución de la energía debiese ser estatal, en lo personal significaría más burocracia, más operadores políticos", cerró el miembro de la Comisión de Energía de la Cámara Baja.
En la misma línea, el líder de esa instancia, Marco Antonio Sulantay (UDI), consideró que el ultimatum del Gobierno "está sustentado más en una bravata del Presidente, que en la realidad de los hechos".
"La gente espera soluciones concretas y rápidas, lo que está lejos de conseguirse con supuestos procesos de término de concesiones, que son largos y complejos. Ahora, transitar hacia la estatización total o parcial de la distribución es una idea tan errada como impracticable", zanjó el diputado gremialista.
