Las empresas de electricidad y de gas abrieron este viernes una nueva ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, disposición que las obliga a reponer el suministro básico a clientes residenciales y mipymes ubicados en zonas bajo estado de catástrofe, sin importar que mantengan deudas vigentes y sin cobrar por la reconexión.
La norma establece que las compañías deberán reponer el agua potable y el alcantarillado en un plazo máximo de 24 horas, mientras que para los servicios de electricidad y gas fija un límite de 48 horas, contadas desde la solicitud del usuario.
La acción empresarial surge luego de que el organismo rechazara el martes pasado, por nueve votos contra uno, un requerimiento del Gobierno que buscaba declarar inconstitucional la medida.
Con esa vía cerrada, las distribuidoras recurrieron al procedimiento de control obligatorio de constitucionalidad -aplicable a las disposiciones con rango de ley orgánica constitucional- para solicitar que los ministros examinen el articulado.
Especialistas del sector señalan que reducir los plazos de respuesta "indudablemente tendría un efecto en las cuentas de los usuarios". (FOTO: ATON)
Estrategia ante el TC
A juicio de las distribuidoras, la norma no debió tramitarse como una ley común, ya que sus efectos operan bajo estados de catástrofe, materia que la Carta Fundamental reserva a la ley orgánica que regula los estados de excepción constitucional.
Bajo este criterio, las compañías solicitaron al tribunal que dirima en primera instancia si tiene la competencia jurídica para revisar el artículo 31 dentro del control obligatorio, aun cuando este punto no fuera incluido en la nómina enviada originalmente por el Congreso.
De estimarse admisible, el organismo entrará a revisar el fondo del articulado.
Leonardo Ortiz, académico de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, observó que "tiempo atrás, el TC tenía una doctrina de expansión del control preventivo de las Leyes Orgánicas Constitucionales, y estimaba que el mismo Tribunal podía examinar inclusive si otras normas del proyecto de ley versaban sobre Ley Orgánica Constitucional, aunque el Congreso no las haya calificado como tal".
"Hoy en día, pese a que existe todavía una posición relativamente mayoritaria en eso, cada vez está más en retirada, pero de todas maneras, se cuestiona fuertemente que el TC realice este tipo de control", añadió.
Sin embargo, el reclamo de las empresas también incluye objeciones de fondo, al advertir que la norma les impone tres cargas: restablecer el servicio a clientes morosos sin pago previo, no cobrar por la reconexión ni por las revisiones necesarias, y entregar tres días de suministro gratuito por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo.
Según el gremio, ninguna de esas obligaciones contempla un subsidio, una indemnización o un mecanismo que compense los costos, incluso cuando se trate de deudas contraídas antes de la catástrofe y que, por lo tanto, no tienen relación con la emergencia.
Por tanto, las firmas sostienen que la disposición afecta su derecho de propiedad, la distribución equitativa de las cargas públicas, y la libertad para desarrollar una actividad económica.
Alerta por sobrecostos operativos y eventual impacto en tarifas
La ley estipula que las concesionarias no podrán aplicar cobros por corte y reposición y estarán obligadas a pagar compensaciones en caso de incumplir los plazos establecidos, todo ello sin que el proyecto contemple subsidios estatales o fondos compensatorios para solventar estas operaciones.
Respecto a las implicancias que estas obligaciones acarrearían en el sistema de distribución, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, advirtió que "si se mantuviese esta norma vigente, habría que hacer el traspaso a tarifa, dado que la componente de distribución que financia la reposición del servicio a las cuadrillas debiese multiplicarse por muchas veces para lograr el estándar de las 48 horas de todo evento".
Desde la academia alertan que financiar cuadrillas adicionales obligaría a "hacer el traspaso a tarifa" en el cobro del servicio eléctrico. (FOTO: ATON)
"Eso indudablemente tendría un efecto en las cuentas. De manera preliminar es difícil estimar un costo, pero actualmente el VAD (Valor Agregado de Distribución), que es el componente de distribución, remunera a las cuadrillas con los estándares que estableció la norma técnica, que, en algunos casos, en las situaciones más complejas y graves, puede llegar hasta tiempos de reposición a las 60 horas", analizó el experto.
"Si ahora se reduce ese margen a las 48, va a tener un efecto importante en las cuentas de los usuarios", puntualizó Verdejo.
