La Contraloría General de la República ofició durante la tarde de este viernes al Registro Civil, para que haga entrega de los antecedentes relacionados con el paro nacional que llevan a cabo y los funcionarios involucrados.
En específico se solicita al servicio dar a conocer las "circunstancia de haber participado el personal de las respectivas oficinas a nivel nacional, en paralización de actividades, total o parcial, en los meses de septiembre y octubre; con el detalle del periodo no trabajado".
Además pide conocer las "acciones dispuestas por la jefatura del servicio, con el objeto de contar con medios, antecedentes o elementos de juicio, para comprobar objetivamente que, en determinado periodo, no se han desarrollado las funciones para las cuales fueron nombrados o contratados los servidores".
También solicita que se de cuenta de las "medidas adoptadas por esa entidad para asegurar la continuidad de los servicios que debe prestar a la comunidad", además de la "situacion del pago de remuneraciones correspondientes a los meses de septiembre y octubre, considerando los días no trabajados por el personal"
Finalmente requiere conocer antecedentes en relación a "sumarios administrativos dispuesos, con el objeto de hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la señalada paralización"
El documento concluye estableciendo que "la información será utilizada para ponderar y resolver sobre la necesidad de practicar las auditorías que correspondan, según el resultado del análisis de los datos consolidados a nivel nacional".
ANEF: Vamos a apelar a esta situación
Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) se refirió al requerimiento de Contraloría, manifestando su incomodidad ante el tema.
"Nosotros vamos a recurrir y hacer una presentación nuevamente a la corte de Apelaciones a fin de apelar a esta situación. También vamos a apelar a la Contraloría por las instrucciones que está, en este minuto, instruyendo el Ministerio del Interior a través de las Gobernaciones, para efectuar trabajos que debieran haber sido hechos por el Registro Civil y no por lo tanto se estuviera haciendo un reemplazo de trabajadores en huelga", señaló.
La dirección del servicio tiene cinco días hábiles para responder a Contraloría. Las audotirías podrían concluir en sumarios administrativos y eventuales medidas disciplinarias.