Ex rector de la USACh quedó sometido a firma quincenal y arraigo nacional
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Autor: Cooperativa.cl
Tras 10 horas de audiencia, Ubaldo Zúñiga quedó bajo medidas preventivas.
Otros dos imputados permanecerán detenidos.
Tras 10 horas de audiencia, Ubaldo Zúñiga quedó bajo medidas preventivas.
Otros dos imputados permanecerán detenidos.
El ex rector de la Universidad de Santiago (USACh) Ubaldo Zúñiga, quedó sometido a forma quincenal y arraigo nacional, tras la extensa audiencia por el juicio que se lleva adelante por fraude al fisco en el caso Registro Civil por 400 millones de pesos.
Luego de 10 horas de audiencia quedaron en prisión preventiva Jorge Lobos, ex jefe de gabinete de Guillermo Arenas, el ex director del Registro Civil; y Luis Enrique Araya -una de las personas a quien se le encomendaron los estudios supuestamente nunca realizados-, acusado de ser un peligro para la seguridad de la investigación.
Por su parte, Cristián Escalona arraigo nacional, firma mensual e incomunicación.
El ex rector Zúñiga y Humberto Jorquera, jefe de proyectos de la USACh, también quedaron sometidos a prohibición de comunicación con los demás imputados, además de firma quincenal y arraigo nacional.
El juez Cristián Sánchez, del Séptimo Juzgado de Garantía, señaló que el tribunal revisó los elementos del caso y constató que se puede creer la existencia del delito de fraude al fisco, que de acuerdo al Ministerio Público llega a 400 millones de pesos.
El caso
Según la Fiscalía, el 2006 Arenas se comunicó con Zúñiga para realizar una asesoría dividida en dos etapas: el rediseño organizacional del organismo estatal y otra asesoría para la plataforma tecnológica del Registro Civil. El ex rector de la USACh le encomendó esta tarea a Jorquera.
De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Centro Norte se realizaron seis pagos a los imputados por asesorías que no se habrían realizado.
Sin embargo, la defensa de Zúñiga alega que su representado sólo participó firmando un primer contrato en calidad de rector de la Usach en agosto del 2006 y acusaron a la Fiscalía de omisión ya que cuando se realizó una prórroga en mayo del 2007, éste ya no estaba a la cabeza del centro de estudios sino que estaba a cargo Juan Manuel Solís, quien además, participó como testigo.
Además, declararon que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público ha sido "desprolija" y "alejada de la realidad" ya que no se han hecho peritajes contables y no se sabe la experticia que tiene el perito de la Policía de Investigaciones que realizó las diligencias.
La fiscal Ximena Chong presentó el caso junto a un abogado del Consejo de Defensa del Estado y un abogado particular representante de Víctor Pérez (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN).
