De esta forma, los seis acusados evitaron el juicio oral.
La Fiscalía Metropolitana Occidente llegó a un acuerdo con las defensas.
Familiares de 104 víctimas del 27-F recibirán cerca de dos millones 600 mil pesos como indemnización.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del procedimiento para los seis acusados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del 2010.
La suspensión condicional del procedimiento, con lo que se evitó el juicio oral, se logró luego del acuerdo al que llegó la Fiscalía Metropolitana Occidente con las defensas de los seis acusados y que fue acogido por el citado Tribunal.
Este acuerdo consiste en un pago de 235 millones de pesos a repartir entre familares de 104 víctimas -en tres cuotas- y pagar 10 millones de pesos para un seminario sobre el 27-F, sumando a la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.
En la causa están imputados el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
Fiscal: Tomé decisión que me pareció la más adecuada
El fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, destacó que la resolución va en la línea del acuerdo pactado con la defensas.
Sostuvo que "creo que no hay nadie que no esté de acuerdo que fue una investigación muy acuciosa que hizo Solange (Huerta), que nadie podía afirmar en qué iba a terminar y tomé una decisión que me pareció la más adecuada".
"En ese sentido, creo que al leer los fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones, en ese sentido, dice que no soy solo yo el que lo piensa, también ha habido un juez de garantía y ha habido tres ministros de Corte que también piensan que ésta es una salida adecuada".
Las defensas se mostraron conformes con el fallo y el abogado Luciano Fouillioux, que representa a la ex directora de la Onemi, dijo que a los familiares de las víctimas se les crearon expectativas falsas.
"Aquí no ha ganado nadie. Esto es un juicio que no debió haberse iniciado nunca, pero el fallo es suficientemente contundente. La verdad es que finalmente se impuso lo que creímos siempre desde un comienzo. Yo creo que a los familiares de las víctimas se les generaron expectativas que claramente, en términos legales, judiciales, no tenían espacio como para llegar efectivo a un juicio oral de estas características", aseveró.
Anuncian recurso de queja ante la Suprema
Mientras que algunos querellantes, que pretendían revocar la salida alternativa, dijeron que estudiarán el fallo. De hecho, el abogado Raúl Meza anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema.
"Nos parece inaceptable de que un tribunal de alzada ha considerado irrelevante desde el punto de vista penal la muerte de 104 compatriotas. Nosotros vamos a recurrir de queja ante la Corte Suprema, porque estimamos que en esta sentencia se ha incurrido en una falta o abuso grave y esa falta o abuso grave se ha cometido, precisamente, por la falta de ponderación de vida de los antecedentes que fueron objeto de esta sentencia", explicó.
La arista penal se contrapone con la parte civil, donde ayer jueves se conoció un fallo de primera instancia que condenó al fisco a pagar 1.840 millones de pesos a familiares de las víctimas del 27-F y acreditó responsabilidad del SHOA y la Onemi en la tragedia.
