"Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento", afirmó la jueza Carolina Gajardo.
Se acogió el acuerdo al que llegó la Fiscalía Metropolitana Occidente con las defensas de los seis acusados.
Familiares de 104 víctimas del 27-F recibirá cerca de dos millones 600 mil pesos como indemnización.
No habrá juicio oral contra los seis imputados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, luego que la jueza Carolina Gajardo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, resolviera aprobar la suspensión condicional del procedimiento.
"Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento por cumplirse con los requisitos legales para ello, validándose la salida alternativa", sostuvo la jueza en su exposición tras cuatro días de audiencias.
El acuerdo al que llegó la Fiscalía Metropolitana Occidente con las defensas de los seis acusados y que fue acogido por el Tribunal consiste en un pago de 235 millones de pesos a repartir entre familares de 104 víctimas -en tres cuotas- y pagar 10 millones de pesos para un seminario sobre el 27-F, sumando a la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.
Esto implica al subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, que son los imputados en la causa.
Cada familia de 104 víctimas del 27-F recibirá cerca de dos millones 600 mil pesos como indemnización.
Tras conocerse la resolución del Tribunal, Carmen Fernández, declaró que vive una pesadilla "con dolor e impotencia", pero que no se podrá comparar con el dolor de las víctimas.
En tanto, la defensora pública Alicia Corvalán, que representa a Johaziel Jamett, dijo que pese a que la declaración pública no implica reconocimiento de culpa, él sí pedirá disculpas a los familiares de las víctimas.
Los querellantes ya anunciaron que acudirán ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que esa instancia decida si concreta o no la suspensión condicional.
