El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión a fin de citar a un grupo ausente de familiares de víctimas.
Se fijó el 4 de abril como nueva fecha.
Familiares de las víctimas de la fallida alerta de tsunami expresaron su rechazo a esta salida alternativa.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió este lunes la audiencia de revisión de salidas alternativas para los imputados del caso tsunami en miras a la suspensión de la indagatoria.
El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comunicó a la jueza Carolina Gajardo el acuerdo alcanzado con las defensas, pero a la vez pidió suspender la audiencia y fijar una nueva fecha y hora.
Esto debido a que, como adelantaron querellantes esta mañana, hay familiares de 17 víctimas no estarían notificadas de las 104, lo cual es un requisito para zanjar la suspensión condicional del procedimiento.
Informó que hay 87 víctimas representadas por abogados querellantes, no así 17 que tienen también el derecho a conocer este acuerdo logrado por el Ministro Público.
Por lo tanto, Gajardo suspendió la audiencia de suspensión condicional del caso con el fin que el Tribunal cite a un grupo de víctimas ausentes y se fijó el 4 de abril, a las 09:00 horas, como nueva fecha para la sesión.
Junto con pagar 245 millones de pesos de indemnización, el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados implica que el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que leer una carta en la que no deberán pedir perdón necesariamente, y también financiar un seminario sobre terremoto.
Previo a la audiencia, Rosende declaró que "vamos a hablar al término de la audiencia y ahí voy a responder todas las preguntas".
Además, el fiscal Pérez Calaf dio cuenta que no existen antecedentes que vinculen a la Presidenta Bachelet con la fallida alerta de tsunami, desestimando la petición del abogado querellante Raúl Meza.
Familiares de víctimas: "Seis años sin ser oídos"
Hasta la audiencia también llegaron familiares de las víctimas de la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, para expresar su rechazo a la salida alternativa.
Además, durante la sesión, comenzaron a increpar tanto a los imputados como a las defensas, generándose un momento de tensión en la instancia.
Mostrando imágenes de las víctimas del 27-F, expresaron que "están defendiendo lo indefendible, la ineptitud de las autoridades de nuestro país" y criticando que llevan "seis años sin ser oídos".
Mientras que Julia Roja, madre de Claudio Ponce, uno de los fallecidos, interrumpió la audiencia. "Basta de burlas, aquí en Chile es pura burla, todos tenemos derechos", gritó. Una vez terminada la audiencia, manifestó que "yo hablo de derechos humanos, ellos hablan de plata, ellos interesan cuidar las arcas".
El momento de tensión llevó a que algunas defensas pidieran desalojar a estas personas, lo cual no se concretó.
El 4 de abril, la Fiscalía y las defensas comunicarán el acuerdo al que llegaron para cerrar la indagatoria y así evitar ir a un juicio oral, y también evitar posibles condenas.
