Esta mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se revisan las salidas alternativas para los imputados del caso tsunami en miras el término de la indagatoria.
La audiencia comenzó a las 09:00 horas, pero desde temprano comenzaron a llegar al Centro de Justicia familiares de víctimas de la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, quienes expresan su malestar por el acuerdo impulsado por el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.
El acuerdo implica que, junto con pagar 245 millones de pesos, de indemnización, el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que leer una carta en la que no deberán pedir perdón necesariamente, y también financiar un seminario sobre terremoto.
En específico, Rosende deberá pagar una indemnización de 80 millones, mientras que Fernández deberá cancelar 40 millones y Jamett un monto de cinco millones de pesos. Mientras tanto, Henríquez, Rojas y Andina deberán pagar un total combinado de 40 millones de pesos.
Querellantes pedirán suspensión de audiencia
Eso sí, esta audiencia podría suspenderse si es que la jueza Carolina Gajardo acoge la petición de los abogados querellantes, los que van a pedir -según adelantaron a Cooperativa- que se fije un nuevo día y hora.
El motivo es que, hasta ahora, familiares de 17 víctimas no estarían notificadas, lo cual es un requisito obligatorio para zanjar la suspensión condicional del procedimiento.
El abogado Alfredo Morgado explicó que "si no se ha cumplido con el requisito de notificar a los familiares de las víctimas, sobre todo en aquellos casos que no tienen abogados, debería suspenderse la audiencia para que se cumpla el estándar exigido por la normativa de que los familiares de las víctimas pudieran ser escuchados y así, de esa manera, en consecuencia y en forma posterior resolver el Tribunal".
"Vamos a solicitar la suspensión de la audiencia que tiene por objetivo debatir sobre la suspensión condicional del procedimiento porque el objetivo de la audiencia del lunes no era la suspensión, la salida alternativa, era audiencia de inicio de preparación de juicio oral", añadió el abogado Raúl Meza.
Familiares de los fallecidos el 27-F expresaron su rechazo al acuerdo en el Centro de Justicia. (Foto: Gonzalo Aguirre, Cooperativa)
"Nos sentimos pasados a llevar"
"Llegamos todos de Constitución a las 06:00 horas para darle a demostrar al juez que no estamos de acuerdo con lo que (la Fiscalía) está planteando", dijo a Cooperativa María Contreras, quien perdió a su hijo Felipe Sáez, de nueve años, en la tragedia.
"Nos sentimos pasados a llevar como familia y queremos una respuesta que ojalá sea para el bien de los familiares de las víctimas del 27-F. A nosotros no nos tomaron en cuenta", indicó.
"No estamos en ningún momento de acuerdo. Lo único que queremos es que el señor juez haga oído a los familiares de las víctimas y nos escuche, porque ése es un acuerdo al que llegó solamente el fiscal con la parte en contra que tenemos. Acá se están pasando a llevar los derechos humanos (...) Nuestro familiares cuestan menos que un par de zapatos en este momento", reclamó Sofía Monsalve.
Desde la parte querellante ya anunciaron que van a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.
