Patricia Poblete y Sonia Tschorne declararán en calidad de testigos durante esta semana.
Oscar Castro, del Serviu de la región del Maule, sostiene que la empresa constructora es la verdadera responsable.
Abogado querellante Raúl Meza indicó que "este es un juicio que no tiene precedentes en la historia judicial chilena".
Este lunes se inicia la etapa testimonial del juicio oral en lo penal por el desplome del edificio Cerro O'Higgins en Constitución, donde murieron aplastadas ocho personas la madrugada del 27 de febrero de 2010, y contará con las declaraciones dos ex ministras de Vivienda en calidad de testigos.
La abogada de uno de los imputados, Ana María Vila, señaló que Oscar Castro González, del Serviu de la región del Maule, no tuvo ninguna participación en los hechos, excepto participar en el acto de apertura de la misma propuesta.
"Contamos con la declaración de la (ex) ministra Poblete, la (ex) ministra Tschorne y la declaración de mi representado (Oscar Castro) y pruebas documentales", precisó la abogada Vila.
La profesional agregó que el aporte de las ex ministras será "señalar cuáles fueron los motivos por qué se mandó una carta que las víctimas dicen haber recibido y que las exoneraban del pago y que fue una medida que se tomó a nivel nacional por los daños en las construcciones".
Además, se presentará en calidad de testigo esta semana la directora regional de Serviu Maule, Clarisa Ayala.
Castro junto al arquitecto Ricardo Aránguiz Gallardo, de la empresa constructora, son imputados por homicidio culposo por su presunta responsabilidad en el diseño, construcción y falta de fiscalización del edificio.
Castro demandará inocencia ya que la constructora es la verdadera responsable: "Yo participé solamente en la comisión evaluadora, y en la comisión evaluadora yo no tenía ni atribuciones ni los elementos para revisar los edificios".
Agregó que "es una responsabilidad que estaba, que recaía, exclusivamente en la empresa contratista y sus profesionales. Era proyecto aportado por el contratista y precio determinado por el Serviu, y en ese tipo de propuestas la responsabilidad absoluta es de la empresa contratista".
Por su parte, el abogado querellante Raúl Meza indicó que "este es un juicio que no tiene precedentes en la historia judicial chilena. Jamás de había juzgado penalmente la construcción de una vivienda social después de 15 años, eso es inédito judicialmente".
