Raúl Meza criticó que, con sólo 45 días a cargo del proceso, José Luis Pérez Calaf ya esté buscando su cierre.
Afirmó que aquélla es "una solución abiertamente injusta para las víctimas".
Entre los imputados está la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.
El abogado Raúl Meza, uno de los querellantes en el caso tsunami que se han opuesto a las salidas alternativas para los imputados en miras a la suspensión del proceso, cuestionó el trabajo del fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, calificando como "sospechoso" su intento de buscar un acuerdo con los acusados.
"¿No parece sospechoso que un señor que lleva 45 días en el cargo, después de seis años de haber invertido recursos del Estado, más de cinco millones de dólares, llegue a esta solución abiertamente injusta para las víctimas?", dijo Meza.
El jurista señaló además que en la audiencia realizada esta mañana -que estuvo marcada por la molestia de los familiares de las víctimas de la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010- quedó en evidencia un desorden respecto a la representación legal de los afectados, puesto que muchos de los que aparecían como "no notificados" ya habían sido representados por algunos de abogados que estaban presentes en el Tribunal.
"Hoy las víctimas se expresaron. Nosotros nos vamos a oponer completa y categóricamente a este acuerdo. Por tanto, en la audiencia judicial vamos a plantear argumentos para que rechacen este acuerdo", dijo.
En tanto, el también querellante Alfredo Morgado afirmó que "es entendible la rabia, la impotencia, el dolor de los familiares de las víctimas. Cuántos de ellos, cuando se enteran por los medios de comunicación de que esto va a tener una salida alternativa, viajan apresuradamente, pero en esta nueva audiencia que se va a desarrollar el 4 de abril existirá la posibilidad cierta de ser escuchados".
Defensora: "Salida alternativa no es para asumir responsabilidad"
Tras la suspensión de la audiencia de este lunes, el próximo 4 de abril, la Fiscalía y las defensas comunicarán el acuerdo al que llegaron para cerrar la indagatoria y así evitar ir a un juicio oral, y también evitar posibles condenas.
Esta suspensión condicional del procedimiento implica que los seis imputados deberán pagar 245 millones de pesos de indemnización, de los cuales 235 irán a las víctimas a modo de reparación y el resto irá a financiar un seminario sobre maremotos.
Además, los seis imputados deberán leer una carta ante el Tribunal dirigida a las víctimas, donde no necesariamente tendrán que pedir perdón.
La defensora pública Alicia Corvalán, que representa al ex jefe de del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett, sostuvo que "las víctimas tienen derecho a ser oídas y van a hacerlo, pero no era la audiencia de hoy".
Sobre la misiva, expresó que su defendido "va a dar una declaración pública y explicar cuál es la participación que él tuvo esa noche para efectos de poder explicar a las víctimas la situación que ocurrió respecto de él. La audiencia y la salida alternativa no es para asumir responsabilidad".
No se investigará a Bachelet
En la audiencia del 4 de abril se comunicará también la decisión de la Fiscalía de no investigar como imputada a la Presidenta Michelle Bachelet por su actuar durante el 27-F y las decisiones que se tomaron en la oficina de la Onemi.
Existe una petición del abogado Meza para que se formalice a la Mandataria, pero el fiscal Pérez Calaf ya comunicó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que eso no será así.
"¿Hasta cuándo se van reír de la gente?"
Familiares de las víctimas, que llegaron desde temprano hasta el Centro de Justicia, se instalaron con pancartas criticando la "justicia negociada" de la Fiscalía y pidiendo sentencias para los imputados, como el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.
Algunos familiares pudieron ingresar a la audiencia, mientras que otros se instalaron en un pasillo donde se habilitó un televisor para seguir la sesión.
Ante la posibilidad de una salida alternativa, un padre que recomendó a su hija esperar la alerta de tsunami expresó que "si hoy hubiera lo mismo, se van a morir igual, porque no hay cómo detectar un tsunami. ¿Hasta cuándo se van reír de la gente?".
Entre llantos, frustración y rabia, denunciaron que no se les toma en cuenta en el mencionado acuerdo y criticaron al fiscal Pérez Calaf, añadiendo que llegarán a instancias internacionales, de ser necesario, apelando a los derechos humanos para que se haga justicia.
"Pedimos justicia, nada más, porque van a quedar con las manos limpias, en circunstancias que el error lo cometieron ellos, son culpables", declararon los familiares, añadiendo que "con los abogados estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias. Si es posible ir a la corte extranjera, porque esto no va a quedar así".
