Todos fueron imputados por cuasidelitos de homicidio y cuasidelitos por lesiones graves.
El fiscal decretó la medida cautelar de arraigo nacional y cuatro meses para la investigación.
El Tribunal de Garantía de Concepción formalizó a ejecutivos de la inmobiliaria Socovil responsables de la construcción del colapsado edificio Alto Río en Concepción, donde fallecieron ocho personas tras el terremoto y tsunami de febrero de 2010.
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| En el colapsado edificio fallecieron ocho personas. (Foto: UPI) |
El fiscal Nelson Villera formalizó a Juan Ignacio Ortigoza, Ricardo Báez y Felipe Parra, ejecutivos de Socovil, y a los técnicos vinculados a la constructora Huequén, Héctor Torres, José Luis Paredes, René Petinelli y Pedro Ortigoza, ingeniero encargado de medir el suelo.
En la audiencia, se les imputaron ocho cuasidelitos de homicidio, y siete cuasidelitos por lesiones graves, ya que el fiscal regional Julio Contardo, argumentó que existió un suelo mal calificado, deficiente diseño estructural y falencias en la construcción.
El abogado querellante Fernando Senger, explicó que "primero nosotros nos querellamos por cuasidelito y luego lo ampliamos porque consideramos que habían otros antecedentes y esa ampliación no esta formalizada, está investigándose".
El tribunal de Garantía dictó la medida cautelar de arraigo nacional y cuatro meses para la investigación en contra de los imputados.
Los cargos más polémicos fueron los que penden sobre Pedro Ortigoza que calificó el suelo, dejándolo como de tipo 1, cuando debió ser de tipo 3.
En relación a esto, su abogado defensor, Marcelo Torres, argumento que "él hizo un informe en el que señaló que el tipo de suelo era 3, pero aclaró que ese informe no lo hizo para construir el edificio sino sólo para comprar, así que el Ministerio Público va tener que agregar esta segunda parte que hoy ha silenciado".
Finalmente, los querellantes solicitaron que mientras se lleva a cabo la investigación, se retengan los bienes de ejecutivos de Socovil, ya que el abogado querellante, Enrique Hernández, presentará acciones civiles por 2.900 millones de pesos.
