Una semana cumplió un grupo de 60 mineros en las profundidades de la mina Santa Ana, en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, a la que ingresaron por tercera vez acusando que el Gobierno no cumplió uno de los puntos del protocolo de acuerdo alcanzado en 2015.
Las posturas siguen muy distantes y Luis Chandía, presidente del Sindicato SW Curanilahue, cree lo contrario a lo que plantea el Ejecutivo respecto al punto que garantiza la continuidad laboral.
"Especialmente en el último punto, que es la continuidad de la mina, es donde creemos que el Gobierno no ha hecho nada para darle funcionamiento a esta empresa, porque el compromiso es precisamente eso, brindar apoyo en pos de buscar la forma de volver a hacer funcionar esta entidad productiva y no lo ha hecho", sostuvo.
En específico, los trabajadores afirman que se está faltando al artículo 4 del protocolo que permitió deponer la manifestación el año pasado, que dice relación con que el Gobierno crearía las instancias necesarias para comprar la mina y poder trabajarla.
Navarro: Se empujó a los mineros al fondo de la mina
Por su parte, el senador por la Región del Biobío, Alejandro Navarro, cree que la culpa de esta manifestación es totalmente de La Moneda al no aceptar una modificación en el Presupuesto de la Nación.
"El Gobierno está empujando a los mineros al fondo de la mina", acusó.
Navarro sostuvo que "al rechazar la indicación que permitía que el Gobierno Regional del Biobío pudiera entregar 400 millones de pesos para desarrollo productivo de la mina y ahorrarse 1.100 millones en subsidios de empleo, se empujó a los mineros al fondo de la mina".
"Ellos no están pidiendo subsidios, están pidiendo recursos para echar a andar la mina para producir. Han dicho no a los subsidios y esa actitud moral, ética, no ha sido valorada", aseveró.
Además, los 167 trabajadores que conforman este movimiento fueron objeto de una querella por el delito de robo en lugar no habitado interpuesta por el liquidador de la mina, Tomás Andrews Hamilton, ya que durante dos meses sustrajeron carbón sin permiso.
Ello implicó una multa de cuatro millones de pesos al representante legal del yacimiento.
