Cristián Melis espera una rápida aprobación del proyecto de ley que sanciona el mobbing, ya que actualmente la fiscalización debe amparse en normas anexas, lo que le resta eficacia.
El abogado y jefe del departamento de inspección de la Dirección del Trabajo, Cristián Melis, explicó que la fiscalización de las denuncias de mobbing o acoso laboral al interior de la empresas se ve seriamente dificultada al no contar con "una norma que expresamente contemple" esa infracción a la derechos de los trabajadores.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Melis dijo que actualmente la entidad "debe recurrir a otro tipo de normas que sí están establecidas" y ligarlas de "forma indirecta a la tutela del trabajador", lo que resta efectividad a la labor fiscalizadora.
Entre las normas utlizadas con este fin enumeró la protección y vida de los trabajadores, el derecho a la privacidad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación.
El jurista resaltó que "por eso sería una ventaja" poder "contar una legislación que pudiese contemplar expresamente" esta violación de los derechos laborales.
Melis detalló que una de las principales prácticas de mobbing es la modificación de las condiciones trabajo.
"Te cambian de lugar de puesto de trabajo a uno más incómodo, te alteran las condiciones, si eres un trabajador a comisión te van quitando comisión y te van quitando cartera de clientes", señaló.
Las presiones a embarazadas
Asimismo dijo que las presiones afectan más visiblemente a las mujeres embarazadas.
"Como tienen fuero maternal y no pueden ser despedidas mientras dura el período de embarazo, lo que se trata es de ejercer una presión para que ellas se vayan voluntariamente de las empresas. En ese tipo de figura, ahí uno puede identificar una política empresarial", afirmó.
Melis dijo que la labor fiscalizadora además se ve dificultada por una actitud, generalmente, corporativa de los ejecutivos de las empresas.
Asimismo dijo que aunque "hay una garantía a lo menos normativa" de que "ningún trabajador puede ser despedido" por realizar denuncias antes los organismos respectivos, "mientras no exista una figura legal que reconozca expresamente el acoso moral o sicológico, la actuación, tanto de los trabajadores como nuestra, va a estar siempre limitada".
La autoridad dijo que el futuro del "proyecto de acoso moral que recién está ingresado al Parlamento, va a depender mucho de la suerte que tenga el otro proyecto de acoso sexual", que ha tenido avances recientes pero que lleva casi una década de tramitación.
Sin embargo, dijo que el proyecta de reforma de la justicia laboral, que debería ser promulgado el año 2005, "va a entregar una serie de garantías procesales al trabajador".
