Los funcionarios aseguran que existe discriminación en contra de un grupo de trabajadores del sector.
Desde el Gobierno descartaron modificaciones a la iniciativa que se tramita en el Congreso.
La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) anunció una paralización de funciones para este jueves, con el fin de manifestar su rechazo al proyecto de reajuste al sector público que se encuentra actualmente en debate en el Congreso.
A través de un comunicado, los persecutores aseguraron que "el Ejecutivo insiste en aplicar un 12% de aumento para el 89% de los funcionarios del Estado, y un menor porcentaje, que se reduce según el aumento de las remuneraciones, que afecta 'discriminatoriamente' al restante 11% de los trabajadores y trabajadoras, pero especialmente a los profesionales, y en el sector justicia a una amplia mayoría de funcionarias y funcionarios".
Ante esta situación, "el 56% de nuestros asociados y asociadas votó en horas de esta noche desarrollar una paralización de funciones durante este jueves 15 de diciembre en todas las Fiscalías del país. El resultado de la encuesta arrojó que el 90,18% se inclinó por la opción de 'bajar los brazos ante la injusticia laboral'".
Esta manifestación se extenderá entre las 08:30 y las 11:00 horas de esta jornada, exceptuando "por razones éticas y legales" las audiencias urgentes (privados de libertad, causas de VIF, ACD).
El presidente del greemio, Francisco Bravo, expresó que "los y las fiscalas de Chile han iniciado el día de hoy una paralización ética en protesta por la decisión del Gobierno de excluirnos del reajuste del 12% del sector público, lo que afecta no solamente de manera personal a los fiscales del país, sino que afecta la independencia del servicio de justicia y la autonomía del Ministerio Público".
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que "hemos tenido el orgullo de traer al Congreso un proyecto que fue consensuado con la mesa del sector público, que es un reajuste inusualmente alto, asociado evidentemente a la inflación también más alta que hemos tenido en el curso de este año".
"Se ha tratado de hacer el mayor esfuerzo posible para apoyar más a quienes ganan menos en el sector público para tener un reajuste que alcance a todo el mundo", recalcó.
Marcel sostuvo que "el Ejecutivo, cuando envía sus proyectos al Congreso, es porque está convencido de su contenido, no lo hace para ceder en una u otra instancia. Cambios estructurales dentro de este proyecto no están en nuestros planes y no pretendemos hacerlo".
A su vez, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, remarcó en El Diario de Cooperativa que este proyecto deja fuera "únicamente a ministros, subsecretarios y parlamentarios", por tanto, "no hay funcionarios públicos excluidos del reajuste; lo que sí hay es una caja fiscal que tiene restricciones, y que en el marco de un acuerdo con la mesa del sector público, y saliendo de una situación que ha sido social, económica y sanitariamente compleja, hace su mejor esfuerzo".
En ese sentido, tampoco retrocedió del alza que favorecerá a los fiscales: "Son 264 mil pesos mensuales, que es más de la mitad de lo que hoy día está vigente como salario mínimo. Yo también llamaría a esa reflexión", cerró.
Carlos Insunza, coordinador de la mesa del sector público, dijo que "es legítimo que organizaciones sindicales que representan a algunos trabajadores en particular representen sus diferencias respecto de estas materias, sin embargo el acuerdo está en la perspectiva de los fundamentos con que abordamos esta negociación".
"Era un requisito avanzar en la recuperación de ese poder adquisitivo, pero además hacerlo con un foco especial respecto de aquellos trabajadores y trabajadoras que menos tienen", puntualizó.
