La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó y aprobó, en primer trámite, el proyecto que reajusta en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo de hasta 2,2 millones de pesos, pero que es resistido por gremios como fiscales, defensores penales y médicos.
Luego de que la Comisión de Hacienda le diera el primer visto bueno durante la mañana, por la tarde la Sala visó la propuesta por 106 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
Se estima que beneficiará al 89% de los funcionarios.
La iniciativa, fruto del acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público, contempla además un aumento fijo de 264 mil pesos fijos para quienes reciben entre 2,2 y 4 millones mensuales; y sin incrementos sobre los 4 millones de ingreso.
Debido a que sobre 2,2 millones de pesos de remuneraciones el incremento será fijo y no proporcional, distintos gremios han acusado sentirse discriminados.
Es el caso del Colegio Médico, la Asociación Nacional de Fiscales, la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), del Colegio de Kinesiólogos y del Colegio de Cirujanos Dentistas, cuyos dirigentes se manifestaron hoy en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.
Desde el Gobierno, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, enfatizó que el país ha vidido "tiempos difíciles" tras salir de los peores momentos de la pandemia y la crisis social y económica que implicó, por lo que actualmente hay que "ir priorizando" las demandas.
"Invitaría a valorar el acuerdo que se logró para que no fueran excluidos del reajuste", exhortó a su turno la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien remarcó que "en otras ocasiones, en años anteriores, no han tenido reajuste, y el Gobierno se jugó por que lo tuvieran".
"Todo el mundo tiene derecho a movilizarse, y lo que siempre vamos a buscar es que esa movilización no perjudique a los ciudadanos", advirtió por otra parte.
En la sesión de la Cámara se solicitó la votación de artículos del proyecto por separado, los cuales fueron aprobados con la excepción del rechazo al artículo 69, que apuntaba a facultar a alcaldes y alcadesas para eximir del control de horario de jornada laboral al 20% de la dotación municipal para que pueda realizar funciones fuera de las dependencias consistoriales y mediante teletrabajo. Sí fue visada una norma similar para universidades y otras reparticiones públicas.
El reajuste no se aplicará al Presidente de la República, senadores, diputados, ministros y subsecretarios.
En ese marco, asesores parlamentarios protestaron en el Congreso durante la tramitación del proyecto, dado que tampoco serán parte del reajuste: esto debido a que no forman parte de la planta del Estado y sus remuneraciones son pagadas con cargo a las asignaciones de los legisladores, por lo que un incremento en sus sueldos estaría vinculado a un aumento en ese ítem.
El reajuste será retroactivo y se considerará a partir del pasado 1 de diciembre.
El proyecto fue despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
