El subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, afirmó en El Diario de Cooperativa que desde ya se pueden cursar sumarios sanitarios a municipalidades por no retirar la basura a causa del paro nacional que iniciaron este lunes los recolectores de residuos.
La movilización incluye a 34 mil trabajadores en todo el país en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo más dignas. Y durante el primer día se estimó que quedaron acumuladas 12 mil toneladas de basura en las calles.
"Está establecido claramente en el código sanitario que los municipios tienen la obligación de retirar los residuos domiciliarios y los residuos industriales que correspondan a basura y eso hay que hacerlo cumplir", afirmó la autoridad.
"Nuestra posición es de facilitación para que puedan cumplir con la obligación que establece la ley y esa obligación debe ser vigilada y exigida por los seremi. Ellos conocen muy claramente su obligación a respecto", agregó Díaz.
El subsecretario precisó que "desde ya se pueden cursar sumarios sanitarios en la medida de que el seremi evalúe que no se está cumpliendo con la obligación que establece el código sanitario en relación con el retiro de la recolección y transporte y eliminación a través de métodos adecuados".
Esfuerzos importantes
Díaz reconoció que "se han hecho esfuerzos importantes por reducir los efectos de la paralización de los recolectores de basura. Hemos estado monitoreando a través de las seremi. Hay conciencia de parte de la población".
Para que no se produzca un agravamiento de las condiciones sanitarias, dijo que "las condiciones ambientales son un factor importante. Si se mantienen las bajas temperaturas permite tener un periodo más largo porque a medida que la temperatura sea baja la basura orgánica demora más en fermentar".
"En las condiciones actuales en que hay equilibrio adecuado y conciencia de la población esta situación podría prolongarse durante un tiempo que exceda la semana o los diez días", agregó.
Decreto de emergencia
El subsecretario también explicó la posibilidad de que se dicte un decreto de emergencia sanitaria. Esto "genera facilidades para que autoridad sanitaria pueda ejercer su labor tanto de fiscalización como de exigencia tanto a la autoridad municipal como a otras organismos del Estado tendientes a solucionar problemas sanitarios", explicó.
"Por último si hay que contratar un servicio para que haga esta tarea y tiene costo, este costo es de cargo de la municipalidad. Si hay atención médica a personas que se ven afectadas por estos problemas, tiene responsabilidad final en los municipios", sentenció.