La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) cuestionaron la paralización que se registró la semana pasada por parte de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
A través de un comunicado, aseguraron que el Gobierno tiene la obligación de adoptar medidas que eviten este tipo de manifestaciones en terminales aéreos.
En detalle, las entidades indicaron que la reciente paralización causó un daño de gran magnitud a decenas de miles de usuarios, que fueron impedidos de llegar a sus destinos y realizar sus actividades cotidianas, impactando negativamente también en la imagen del país.
Frente a esta situación, la gerente general de Achila, Carolina Simonetti, dio cuenta que su gremio "estima absolutamente inaceptable que, frente a todo el país, un grupo de presión haya actuado ilegalmente, perjudicando a miles de personas que necesitan transportarse".
"El transporte aéreo es una actividad altamente estratégica y de utilidad pública, por lo que las autoridades no deben permitir que sea paralizada por grupos de presión", puntualizó.
"El Estado tiene la obligación de garantizar su funcionamiento continuo"
Por su parte, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, advirtió que la solución de esta contingencia no resuelve los problemas de fondo relacionados al mal funcionamiento que exhiben los aeropuertos del país, con una gobernanza -señaló- deficiente en la gestión de estos recintos.
"La institucionalidad actual no capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tiene el país en materia de conectividad aérea. Hoy son varios los actores que intervienen en la operación de los terminales aeroportuarios y no existe un ente que los coordine y que facilite un proceso de toma de decisiones oportuno y eficaz", cuestionó.
Finalmente, afirmó que "se trata de infraestructura crítica fundamental para el normal funcionamiento del país, de los sectores productivos y del desarrollo de la vida cotidiana de las personas que, por su relevancia, el Estado tiene la obligación de garantizar su funcionamiento continuo".
