La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves contra Metro de Santiago por incumplir las medidas de mitigación del "ruido inducido por las vibraciones" que causa el funcionamiento de uno de los tramos finales de la Línea 3.
El regulador informó este lunes el inicio de un procedimiento sancionatorio a través de una formulación de cargos, clasificada como grave, contra la estatal.
"Se sustenta en el incumplimiento de las condiciones, normas y medidas dispuestas" en una de las cuatro resoluciones de califiación ambiental del proyecto, "por no adoptar las acciones necesarias para controlar ni hacerse cargo del impacto ambiental no previsto por el ruido inducido por vibraciones que se genera con ocasión del funcionamiento de la Línea 3", expuso la SMA.
La Superintendencia concluyó, luego de varias fiscalizaciones, que "existe una condición de excedencia en el ruido inducido por vibraciones por la operación del tren subterráneo entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco, y que, en vista de estas superaciones, se puede concluir, además, que el problema de ruido inducido ocurre en viviendas que se encuentran sobre la zona de contrabóveda del túnel de metro, y que la condición de superación se agudiza en la medida que el túnel disminuye su profundidad con respecto al suelo".
A comienzos del 2019, antes de la inauguración de la Línea 3, vecinos de La Reina habían recurrido a la Justicia intentando paralizar ese tramo, que corresponde a las últimas dos estaciones de ese recorrido hacia el oriente de la capital. Ante ello, Metro se había comprometido a implementar un plan de mitigación para evitar las vibraciones molestas, dado que el funcionamiento considera un "impacto ambiental no previsto", lo que ha sido confirmado por la Corte Suprema.
En sus fiscalización, la SMA constató, además, que "en al menos 117 oportunidades se superó el límite establecido en la guía de la Administración Federal de Transporte (Federal Transit Administration o FTA, en inglés) de Estados Unidos, que es la norma considerada por la Suprema para resolver el caso y que también ha sido utilizada por Metro para la evaluación ambiental del proyecto Línea 7 Metro de Santiago".
"Si bien Metro habría implementado, entre otras medidas, la reducción de velocidad, seguimiento semanal de vibraciones, control de geometría de rueda, implementación de maniobras operacionales y relacionamiento comunitario, estas acciones no fueron suficientes para hacerse cargo del ruido inducido por vibraciones", sentenció el regulador.
Como los cargos apuntan a infracciones graves, Metro arriesga sanciones que van desde una multa que puede alcanzar las 5.000 unidades tributarias anuales (equivalente a más de 3.700 millones de pesos), hasta la clausura o la revocación de la resolución de calificación ambiental.
