La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y el Gobierno se enfrentan por la nueva Ley de Velocidad que se aprobó el miércoles en el Congreso y que reduce la máxima de 60 a 50 kilómetros por hora.
Según la AChM, no se les tomó en cuenta en la discusión legislativa en cuanto a los costos que significará el cambio de las señaléticas.
"Los municipios no fuimos consultados, por ejemplo, respecto a cuánto nos iba a costar el cambio de señaléticas", aseguró el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), quien además es presidente de la Comisión de Transportes de la agrupación.
Delgado afirmó que "si bien es cierto, la ministra ha dicho que los municipios tienen un ítem, efectivamente, pero es un ítem programado bajo condiciones normales de cambio de señalética. Vale decir, cuando se daña una señalética, cuando hay un cambio específico, no para hacer un cambio en la totalidad de las calles que tengan una nueva normativa".
"Por lo tanto -añadió- estamos hablando de que son presupuestos muy distintos, hay un desbarajuste obviamente en los presupuestos de las comunas más pequeñas", cuestionó.
Gobierno reitera que es responsabilidad del municipio
Desde el Ministerio de Transportes, aseguran que efectivamente es responsabilidad de cada municipio correr con los gastos en los cambios pero aclaran que "no son tantos".
"La señalética es responsabilidad de los municipios y tienen sus programas de mantención y renovación de señales. Así que esperamos que en un plazo razonable eso ocurra y, como dije, es una norma general", aseguró la ministra Gloria Hutt.
"La obligación es señalizar cuando se cambia esa norma, hay una aplicación de una condición especial o cuando se quiere reforzar en áreas donde puede haber un peligro mayor. No es necesario señalizar en todas las calles", agregó.