Alberto Escobar afirmó que la iniciativa aumenta el papeleo y enfrenta serios desafíos de implementación y fiscalización.
A su juicio, el verdadero desafío estaba en "armonizar criterios y definir protocolos comunes a nivel nacional".
El director de Movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, cuestionó la Ley Jacinta, recientemente aprobada por el Congreso, advirtiendo que la iniciativa podría terminar siendo poco efectiva para mejorar la seguridad vial y generar efectos contraproducentes en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir.
A juicio del especialista, la normativa "es uno de los mejores ejemplos de cómo una buena idea termina siendo mal ejecutada", ya que, lejos de fortalecer la seguridad vial, "solo hará aumentar el papeleo y encarecer la obtención de la licencia de conducir y, lo más lamentable, genera una fuerte incredulidad respecto de si efectivamente permitirá contar con conductores más seguros en las vías".
Escobar apuntó directamente a la exigencia de una declaración jurada universal para quienes postulan o renuevan su licencia, medida que consideró ineficaz.
"Pedir de manera universal una declaración jurada a todas las personas que postulan o renuevan este documento resulta prácticamente irrisorio. Generar más trabas administrativas no parece ser la solución al problema, ya que una imposición de este tipo provoca más externalidades negativas que positivas", acotó.
El experto recordó que el marco legal vigente ya entrega atribuciones clave a las direcciones de tránsito municipales, las que han sido poco consideradas en el diseño de la nueva ley, según su criterio.
"Las direcciones de tránsito están facultadas para definir el período de vigencia de la licencia y establecer restricciones que garanticen un desplazamiento seguro de quien la renueva o la obtiene por primera vez; por ejemplo, conducción solo diurna, limitada a zonas urbanas o a vías unidireccionales, entre otras", explicó.
En ese sentido, enfatizó que dichas entidades "son las encargadas de garantizar que las personas cuenten con la idoneidad moral, física y psíquica para conducir con responsabilidad", y que el verdadero desafío estaba en "armonizar criterios y definir protocolos comunes a nivel nacional".
Sin embargo, Escobar criticó que ese paso no se haya abordado adecuadamente porque "era clave reforzar los gabinetes de exámenes de las municipalidades, lo que no se hizo".
A su juicio, la creación de nuevos mecanismos podría incluso agravar los problemas existentes. "Cabe preguntarse si era acertado crear una institucionalidad paralela que, finalmente, abre espacio a certificados falsos y a una serie de inconvenientes adicionales a un sistema que ya está estresado y que seguirá estándolo por cuatro o cinco años más", advirtió.
Escobar recalcó que el éxito de la ley dependerá menos del texto legal y más de su puesta en marcha. "La eficacia de la Ley Jacinta no se juega solo en la norma, sino en su implementación: reglamentos claros, evaluaciones médicas efectivas y fiscalización real", sostuvo.
En esa línea, alertó que "sin una coordinación sólida entre el sistema de salud, los municipios y el sector transporte, existe el riesgo de que la ley quede en una declaración de buenas intenciones".
El especialista también cuestionó la efectividad de las medidas de protección para niños en motocicletas si no van acompañadas de control y educación: "Sin educación vial permanente, control efectivo en las calles y acceso claro a la información, las conductas de riesgo seguirán normalizándose y la seguridad de los menores seguirá expuesta".
Respecto al aumento de las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), Escobar reconoció un avance, pero con reparos: "El aumento de las coberturas del SOAP es una señal positiva, pero no garantiza por sí solo una mejora real para las víctimas". Esto, porque "al mantenerse los pagos referenciados al arancel Fonasa Nivel 3, el impacto efectivo puede ser limitado, especialmente en prestaciones de mayor complejidad".
