La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) insistió este jueves en sus críticas contra el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) declarara Monumento Histórico Nacional a la Villa San Luis de Las Condes, acusando "grave acción del Estado contra proyectos de inversión" y que estas decisiones dañan el derecho de propiedad.
Mediante un inserto a media página en El Mercurio, en el texto firmado por Sergio Torretti, presidente del gremio, indicaron que ante el caso de la Villa San Luis en Las Condes, y también la Casa de Italia en Viña del Mar, son "de la mayor gravedad decisiones adoptadas por el CMN que propician la declaratoria de monumento histórico de inmuebles cuyos legítimos propietarios ya cuentan con anteproyectos o permisos de edificación".
Aseguraron que esto "daña el derecho de propiedad y las condiciones básicas para desarrollar proyectos de inversión".
"En este caso, anteproyectos y permisos de edificación son la base de la actividad inmobiliaria pues, tal como lo ratifican distintos fallos de los tribunales de justicia, otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas", manifestaron, reiterando los cuestionamientos emitidos el 1 de julio.
Incluso, advirtieron que "difícilmente nuestro país va a lograr mayor crecimiento económico si un órgano del Estado -cualquiera sea- pone trabas injustificadas a las inversiones y su actuación se aleja de su deber de velar por el estricto cumplimiento del marco jurídico que nos rige.".
Hicieron un llamado a "erradicar estas prácticas y a que acordemos visiones de largo plazo sobre el desarrollo de las ciudades y la mejor forma de resguardar el patrimonio, dado que los mecanismos que hoy existen para ello son ineficientes y producen efectos contrarios al objetivo que persiguen, sentenciando a un progresivo deterioro a los bienes que buscan proteger".
En el texto, sentenciaron que el resguardo del patrimonio arquitectónico "es de la máxima relevancia para cualquier país, pero que "tal objetivo no puede buscarse arbitrariamente, vulnerando derechos fundamentales de sus propietarios ni la legalidad vigente".
El inserto que apareció este jueves en El Mercurio.
