Querellantes acusan el cambio del material de construcción de sus viviendas sin aviso.
Juzgado fijó en 90 días el plazo para la investigación.
En el Tribunal de Garantía de Colina fueron formalizados este lunes por el delito de estafas reiteradas a cinco altos ejecutivos de la empresa Socovesa imputados por una presunta defraudación a un grupo de propietarios del proyecto inmobiliario Hacienda Urbana Larapinta, ubicado en Lampa.
Los vecinos acusan que la constructora les ocultó la decisión de reemplazar el material prometido para edificar sus viviendas -que era hormigón armado- por uno de menor calidad y durabilidad, por lo que presentaron una querella en noviembre de 2008.
Por ello, durante esta jornada fueron formalizados el ex gerente general y actual presidente del directorio Cristián Hartwig; el gerente general de la filial, actual contralor y ex gerente de administracuión de finanzas, Christián Dabovich; el gerente general del área ingeniería y construcción y ex gerente inmobiliario René Castro; el gerente de proyectos, Roberto Reyes; y el ex gerente técnico Ignacio Santa María, quien ya no trabaja en la empresa.
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| Los ejecutivos formalizados. (Foto: UPI) |
A la salida de la audiencia, Hartwig aseguró que los propietarios fueron avisados de la medida y los acusó de querer buscar dinero con esta acción judicial y desestimó responder los emplazamientos de los vecinos presentes.
"Yo creo que ellos tienen ganas de ganar una plata con esto, por lo que expliqué antes, con el objeto de acelerar el plazo de entrega de la casa, porque había mucha demanda por las casas (...) Entiendo que no hay ningún desmedro en la calidad de la vivienda", señaló.
"No es que no se les informe, se informa en todas las instancias legales pertinentes e incluso a algunos se les entrega la especificación técnica", recalcó el presidente del directorio de la firma.
Descargos de los afectadosLos vecinos desestimaron las acusaciones de Hartwig sobre el buscar dinero y manifestaron que sólo buscan que Socovesa los indemnice por los costos que implica la decisión de la constructora.
"Nos embaucaron. Hay muchos vecinos que compraron las casas a 30 años, imagínese los bancos", dijo uno de los vecinos afectados, quien negó las declaraciones de la empresa respecto a que fueron avisados sobre el cambio de material de construcción: "Eso es falso, nunca nadie nos dijo nada, nadie nos avisó que era metalconcret".
"Una casa que cuesta 3.000 UF, pero en realidad cuesta 2.000 UF es un robo y eso es lo que pasó", añadió el afectado.
"Confunden el bien común con su bien personal"El abogado querellante y ex ministro de Justicia, Isidro Solís, descartó el argumento de Socovesa, que explicó que el cambio de material se hizo para agilizar la construcción de la vivienda.
"Hay un contrato en el cual ellos se comprometen a entregar una casa que sea construida con determinados elementos y con determinada calidad. A espaldas de los vecinos, las normas constructivas fueron cambiadas, se registraron en la municipalidad de Lampa antecedentes distintos y se hizo una solicitud para construirlas de manera diferente y eso tiene todos los elementos de una defraudación y de una estafa", recalcó el jurista.
"Es curioso, en general lo que uno ve cuando se enfrenta a los juicios con defensas de grandes corporaciones: al parecer los ejecutivos confunden el bien común con su bien personal", añadió.
El Tribunal de Garantía de Colina desestimó aplicar medidas cautelares contra los ejecutivos y fijó un plazo de investigación de 90 días.
