La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja inició el lunes la votación en particular del proyecto de ley que busca sancionar con cárcel la usurpación de inmuebles o terrenos.
Según informa hoy El Mercurio, "la sesión fue compleja, con enfáticas intervenciones del Ejecutivo, (...) que fueron rebatidas por diputados como Andrés Longton, de RN".
No obstante, "la oposición hizo valer su mayoría" en la instancia y aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra la denominada "legítima defensa privilegiada" de las víctimas de usurpaciones violentas o con intimidación.
Esta iniciativa forma parte del "fast track" de 31 proyectos de seguridad priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Parlamento, pero su tramitación ha evidenciado fuertes diferencias entre los sectores políticos.
Desde Apruebo Dignidad le atribuyen el efecto de "criminalizar la pobreza", y el Ejecutivo ingresó la semana pasada un conjunto de indicaciones que apuntaban, precisamente, a eliminar la legítima defensa privilegiada de las víctimas, rebajar a 540 días la pena de cárcel máxima que arriesgarían los usurpadores (el Senado aprobó cinco años) y mantener en multa el castigo para las usurpaciones no violentas (en la Cámara Alta se habían aprobado hasta tres años de presidio).
La Multigremial de La Araucanía y la Asociación de Víctimas de Violencia Rural difundió el lunes una carta pública en la que llamó al Parlamento a "no ceder" ante el Ejecutivo en este tema: "¿Acaso el Gobierno está más interesado en proteger a los agresores que en salvaguardar los derechos de aquellos que han sido despojados de sus propiedades por la fuerza? Parece que sí", advirtieron en la misiva.
El resultado de la votación de ayer fue valorado por el diputado UDI por La Araucanía Henry Leal, integrante de la Comisión de Seguridad, quien resaltó el voto en contra de los parlamentarios oficialistas.
En la contraparte se ubica, entre otros, la diputada comunista Alejandra Placencia, que en las últimas semanas ha insistido públicamente en que la Ley de Usurpaciones "criminaliza la pobreza" y establece, con la legítima defensa privilegiada, una política de "justicia por mano propia".
La votación en particular del proyecto continuará al regreso de la semana distrital, indicó El Mercurio.