El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, estima que a pesar de las críticas de la oposición, el recién ingresado veto a la ley de usurpaciones contará con el quorum necesario para ser aprobado en el Congreso.
El secretario de Estado remarcó en El Diario de Cooperativa que la autotutela, que es eliminada en esta propuesta, "es una forma de resolución de conflictos primitiva, que crea más violencia y más delitos", al contrario de lo que argumentan sus defensores.
Asimismo, insistió que este aspecto de la norma se suprime con el fin de preservar el delito y de que sea castigado con cárcel, a pesar de que se propone las penas sean graduales dependiendo del carácter de la toma.
EN QUÉ CONSISTE EL VETO
- Sergio Campos: La situación de las usurpaciones está con un gran signo de interrogación. Hablamos con el senador (Rodrigo) Galilea, y dijo que el presidente del Senado (Juan Antonio Coloma) puede también introducir un veto aditivo. ¿Se resuelve esta ecuación?
No, el presidente del Senado no puede introducir un veto. Yo creo que se refiere a la calificación del veto, que es algo distinto. En Chile, quien puede vetar es el Presidente de la República. Cuando existen diferencias, el Presidente puede realizar observaciones a un proyecto de ley, para hacer mejoras y correcciones, y se tienen que pronunciar ambas cámaras del Congreso Nacional.
Si se se acogen las observaciones del Presidente, ese es el texto que finalmente se promulga. Si se rechaza, se requiere para la insistencia en el texto originalmente aprobado por el Congreso el voto favorable de dos tercios de los integrantes de cada cámara que participen en la sesión respectiva. Es un quorum supramayoritario.
- Sergio Campos: ¿Cuál es el meollo de la cuestión que no logra resolverse y que podría conducir a un fracaso?
Varias cosas. Primero, los gobiernos anteriores han utilizado esta institución en reiteradas oportunidades. Esto forma parte de de las reglas del juego, de cómo está regulado el proceso legislativo y el Presidente Boric lo ha hecho pocas veces.
Cuando se tramitó el proyecto de usurpaciones, dijimos con toda claridad que somos partidarios de una nueva ley de usurpaciones que entregue herramientas para garantizar el restablecimiento oportuno, rápido, expedito del imperio del derecho y que proteja las víctimas. Porque lamentablemente, la legislación actual no es lo suficientemente ágil. Y por tanto, planteamos cambios tales como que las policías puedan actuar en cualquier momento para restituir el inmueble, y también que los tribunales puedan ordenar la restitución en cualquier etapa del juicio sin esperar la intervención.
Pero señalamos con toda claridad que éramos contrarios a la figura de la autotutela o justicia con mano propia, que implicara que consolidada la situación de usurpación, un particular pudiera recurrir a la violencia para resolver resolver conflictos políticos. Porque eso va en contra de los principios sobre los cuales se ha creado nuestro sistema penal, y las sociedades que han tolerado formas de autotutela y de justicia con mano propia han terminado con más violencia.
En Chile, la fuerza, su monopolio legítimo, está radicado en el Estado, y por tanto, del Ejército y las policías sobre la base de las instrucciones de los tribunales. Así ocurre en el mundo civilizado. Y por tanto fuimos explícitos desde el primer día de que íbamos a hacer observaciones, de que íbamos a vetar si se aprobaba esa iniciativa.
Aquí hay que distinguir: si una persona está en su inmueble y es víctima de la usurpación se puede defender, pero la situación distinta es que pasados uno, tres o cinco años, mucho tiempo, vaya y ejerza directamente la violencia para obtener la restitución del inmueble. Porque eso es una forma de resolución primitiva de conflictos que genera más violencia y más delitos, más en un país donde existen a veces conflictos sucesorios, superposición de títulos, en fin, las hipótesis son muchas.
Y lo segundo que establecimos en el veto es la graduación de las penas, porque había un marco penal rígido, y creemos que la pena debe ir asociada a las circunstancias en que se cometa el delito. Mientras más grave, tiene que ser más grave la pena.
PENAS DE CÁRCEL GRADUALES
El marco penal rígido implicaba que se aplicaba la misma pena, cualquiera fuera la circunstancia en que se cometa el delito. Creemos que hay que distinguir, y por tanto, respecto de la usurpación violenta se aplica una pena alta. Respecto de la usurpación con fuerza en las cosas, una pena un poco menor pero también alta, y más que con fuerza de las cosas, está regulado como daño en las cosas.
Y respecto de la usurpación que no es ni violenta -es decir, que no se ejerce la violencia contra las personas- ni genera daño en las cosas, también se establece la pena de presidio. El juez puede eventualmente aplicar multa si existen determinadas circunstancias que hacen menos graves la comisión del delito. Porque no es lo mismo que un grupo armado entre y se tome un predio, a que una persona en situación de calle instale tres tablas y se ponga a vivir en un sitio eriazo.
Lo mismo ocurre con el robo: el hurto tiene una pena más baja porque es no es ni con violencia contra las personas ni con fuerza contra las cosas. El robo con fuerza contra las cosas tiene una pena más alta, y el robo con violencia contra las personas tiene una pena mucho más alta. Porque si uno establece la pena más alta como única alternativa, genera un incentivo para que se cometa el delito de la forma más grave, porque al final la pena va a ser la misma. Por eso nuestro ordenamiento jurídico distingue de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete un delito.
- Verónica Franco: El senador (Javier) Macaya, que dice que no se puede hacer esta distinción entre tomas violentas y no violentas, planteaba que el Gobierno estaba actuando como el vagón de cola del Partido Comunista, que desde el principio propuso a esta gradualidad en las penas.
En este punto el Gobierno fue explícito en el debate parlamentario. Es más, el proyecto originalmente presentado -porque son dos mociones- no establecía la pena de presidio respecto de la usurpación no violenta. Y siempre dijimos que teníamos una diferencia con el marco penal rígido, y que tenía que haber una graduación de acuerdo a las circunstancias en que se cometa el delito, que el juez tiene que evaluar.
- Verónica Franco: ¿Tienen asegurado el tercio que necesitan para aprobar el veto?
Yo creo que sí. Este tema del autotutela fue rechazado por un número significativo de senadores, también de diputados, que superaron con creces el tercio.
"MIRADA TRANSVERSAL"
- Paula Molina: De todas maneras, quedan costos, quedan algunos resentimientos en el Congreso. ¿Qué efectos cree usted que va a tener eso en el desarrollo de los demás proyectos?
Fuimos explícitos durante todo el debate parlamentario respecto a este punto. Es más, si usted analiza las editoriales de El Mercurio o de La Tercera, en el tema del autotutela y la justicia con mano propia, más bien hay coincidencias con la postura del Gobierno. Y Nadie podría decir que estamos hablando de medios de comunicación de ultra izquierda ni nada por el estilo. Y la comunidad académica de penalistas fue explícita en señalar que era muy complejo que en Chile sentáramos el precedente de que los conflictos entre particulares se resolvieran a través de la violencia. Porque eso en nuestra legislación está prohibido.
Hay formas excepcionales, que es la legítima defensa, pero son justificadas. Los países que han dado el paso para tolerar esta forma de solución primitiva de conflictos han terminado con más violencia y con más delitos. Así que, en ese punto en particular, lo que hay más bien es una opinión transversal de la comunidad académica.
Y respecto al segundo punto, en nuestra legislación, de acuerdo a la gravedad, de las circunstancias en que se comenta del delito, es la pena que se aplique. Por eso quiero ser bien explícito: la forma en que se tipifica para toda forma de comisión de delito se establece presidio. Pero en el caso de la de la usurpación que no es violenta ni es con daño en las cosas, el juez puede aplicar una multa si le parece que las circunstancias son menos graves. Incluso en el veto se plantean distintas hipótesis, por ejemplo, una persona que actúa solo hace una necesidad habitacional, o que se haya restituido el inmueble voluntariamente.
- Paula Molina: Desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que ha quedado cierta confusión respecto a si hay cárcel en todos los casos.
Sí, porque he visto que hay personas que han tuiteado, incluso han salido a criticar y ni siquiera han leído el veto. Cosa que lamentablemente ocurre muchas veces en nuestro país.
- Paula Molina: Sobre el tema de distintos tipos de usurpación, esa diferencia, ¿usted cree que se reconoce de manera transversal en el sistema político? Porque en todos los casos se está traspasando la propiedad de un otro.
Pero hagamos un paralelo: en el caso del delito de apropiación, de sustracción de bienes, cuando una persona comete un hurto, tiene una sanción más baja que cuando una persona comete un robo con fuerza contra las cosas. Y si la persona comete un robo con violencia contra las personas, tiene la pena más alta. Y estamos hablando de delitos contra la propiedad. Pero nuestra legislación entiende que las circunstancias, la forma en que se cometen los delitos, no es irrelevante al momento de determinar la pena. Porque en caso contrario, si siempre se aplica la sanción más alta, hay un incentivo a cometer el delito de la forma más grave, porque al final la sanción va a ser la misma.
Entonces la pregunta es ¿por qué vamos a hacer excepción respecto de figuras que tienen el mismo bien jurídico protegido? De ahí la gradualidad de la pena, de acuerdo a las circunstancias. E, insisto, el proyecto y el veto así lo considera: hay un aumento de las penas. Porque hoy esto está tipificado con una pena que es la multa.
CONSEJO CONSTITUCIONAL
- Sergio Campos: Por otra parte, tenemos también un Consejo Constitucional que está llegando a una parte bien decisiva durante esta semana y los próximos días. ¿El Gobierno debería entrar en forma más activa a participar de este proceso?
El Gobierno está concentrado en su tarea, que es gobernar. Los chilenos y chilenas tienen muchos problemas, estamos presentando propuestas y alternativas para dar solución a esos problemas. Por eso tenemos que sacar adelante una reforma de pensiones; tenemos que sacar adelante un pacto fiscal que nos permita contar con recursos para financiar, por ejemplo, el aumento de la PGU o la reducción de las listas de espera, y eso implica también medidas pro crecimiento, pro empleo, pro inversión, pro modernización del Estado. Tenemos una importante agenda en materia de probidad que hemos anunciado, y todo lo que es la agenda de seguridad, por tanto, en eso estamos concentrados.
Obviamente, el conjunto de la sociedad chilena forma parte de este proceso, pero quienes tienen que tomar las decisiones son los que fueron elegidos para eso. Y esperamos que prime un sentido de responsabilidad para que se arribe a un texto que sea expresión de una sociedad diversa como es la nuestra, porque finalmente una Constitución nos aprueba por una mayoría circunstancial, sino que debe ser expresión de acuerdo sustantivo en la sociedad en que se aplica. Eso permite que las Constituciones se reconozcan por décadas.
Y por eso, hemos sido explícitos en que esperamos que prime una lógica constructiva, un diálogo inclusivo. Cuando se firmó el acuerdo por Chile, me preguntaron si creía que con ese acuerdo se garantizaba el éxito del proceso. Y dije claramente que el éxito del proceso iba a estar determinado por la madurez con que los actores a cargo del proceso se comportaran.
No quiero entrar a calificar, porque palabras sacan palabras. Sí creo que hay distintas etapas todavía que están en curso. Se están votando ahora las indicaciones por el Consejo Constitucional, después debe evacuarse un informe por la Comisión Experta, y si hace observaciones que son acogidas por el Consejo Constitucional, ese es el texto que prima. Si no son acogidas y son rechazadas, se forma una comisión mixta.
Espero, como todo ciudadano, que arribemos a un texto que sea un espacio de encuentro del conjunto de la sociedad chilena, y por tanto, un texto que no clausure el debate democrático, sino que lo promueva. Que establezca en su contenido los acuerdos sustantivos que existen en Chile y que establezca a su vez mecanismos muy democráticos para resolver nuestras legítimas diferencias.
