El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo no apoye una fórmula intermedia.
La titular de Interior, Carolina Tohá, insistió en sus críticas al proyecto y tachó las palabras de Schalper como "un insulto, porque la encerrona es un delito".
El diputado Diego Schalper (RN) acusó una "encerrona" por parte del Gobierno en la tramitación de las 14 observaciones del veto presidencial al proyecto que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación.
En el marco del debate en la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja, el parlamentario de oposición cuestionó que el Ejecutivo tenga una actitud de "aprueban lo que traigo o se quedan sin ley", rechazando la posibilidad de una fórmula intermedia.
La instancia propondrá a la Sala que rechace la observación que suprime la legítima defensa privilegiada, a fin de mantener esta disposición en la ley. En caso de que así ocurra, los diputados requerirán luego un quorum de dos tercios para reponerla y que quede en el texto final; de no conseguir los votos, la ley avanzará sin ese punto.
"El Gobierno lo que ha hecho es hacerle una encerrona al Congreso Nacional: o usted me aprueba lo que le traigo o se queda sin ley. Y aquí yo lamento mucho que un Gobierno que dice ser dialogante con el Congreso lo ha ejercido de la peor manera posible, y en contraposición de las víctimas que hoy día lo que exigen no es fórmulas intermedias", planteó el legislador derechista.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, insistió en las críticas al proyecto, aludiendo a que todas las personas que se tomen un terreno arriesgan penas privativas de libertad, sin importar el grado de violencia de la usurpación.
"Estamos solamente generando la posibilidad de que el juez pueda evaluar que en ese caso, quizá, lo más prudente es no aplicar la cárcel, sobre todo si es primera vez, sobre todo si ese bien no había sido usurpado antes, sobre todo si lo restituyeron pacíficamente", afirmó la secretaria de Estado.
"¿Qué va a ganar Chile, la política social y la víctima con que esa familia vaya a la cárcel? ¿Realmente creemos que esa es una solución? ¿Qué esperan las víctimas? Que sus bienes no sean usurpados en primer lugar, que si se los restituyan de inmediato y que las personas que lo hagan tengan alicientes para no repetir esa acción porque se ponen a sanciones. Hoy día nada de eso pasa", reflexionó Tohá.
Además, deploró la declaración de Schalper: "Me parece que realmente es un insulto, porque la encerrona es un delito y lo que el Gobierno de Chile está haciendo es aplicar la Constitución. Se evita que terminemos con un mamarracho, se evita que a través del veto se debilite la ley, porque el Presidente no quiere debilitar la ley".
Otro asunto que genera debate es la facultad que el veto entrega a los jueces para que determinen si aplicar la pena de presidio o una multa en casos de usurpaciones sin violencia; el proyecto que había aprobado originalmente el Congreso asociaba la misma pena de cárcel a todos los tipos de ocupaciones de terrenos.
"Se mantiene en el juez la posibilidad de evaluar", resaltó la diputada oficialista Lorena Fries (Convergencia Social), que reprochó que "hay una tendencia en este Parlamento hoy día por desconfiar de la Justicia y tratar de dejar todo plasmado en un texto legal, como si los jueces fueran meras correas transmisoras al estilo fordiano del derecho, y no es así".
"Tenemos problemas hoy día en los tribunales. El juez de Arica tenía todo el criterio y mire lo que hizo (había ordenado dar a conocer las identidades de testigos protegidos en la causa 'Los Gallegos'). O el juez que no citó presencialmente a Juan Carlos Reinao y hoy día está prófugo de la justicia. A esos jueces vamos a dejar que tengan criterio para señalar qué es lo que es pacífico y no es pacífico", cuestionó, por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos).
"No hagamos puntos políticos. Aquí estamos legislando. Primero es una ley nacional. Segundo, para el caso de la Araucanía, lo peor es quedarse ley. 'No, es que después vamos a sacar una ley exprés'... No vamos a sacar ninguna ley exprés. No va a salir la ley. Si no tenemos ley para La Araucanía, vamos a tener un festival de usurpaciones", planteó.
"Yo quiero notificar a las personas que tienen segundas viviendas y en la que no hay nadie, que van a llegar a sus casas, van a encontrar un ocupante, pero como no se intimidó a nadie, va a ser usurpación no violenta y la sanción será multa... Yo no voy a ser cómplice de eso. El Gobierno será el responsable de que vengan adelante", advirtió el diputado Henry Leal (UDI).
El gremialista agregó que "al día siguiente, si no votamos en contra, presentaré un nuevo proyecto de ley y al Gobierno no lo dejaremos tranquilo. No dejaremos tranquilo al Gobierno del Presidente Boric".
Desde el Partido Republicano, el diputado Cristian Araya logró irritar a Gonzalo Winter (CS). "Encuentro lamentable que el Gobierno haya sucumbido a la presión del Partido Comunista y del Frente Amplio, quienes son garantes de los usurpadores y una bancada que los protege", dijo el primero, a lo que el segundo retrucó: "Cuando en 10 años más o en 15 años más digan: '¿en qué momento en Chile dejó de haber diálogo cívico? ¿En qué momento los niños se empezaron a tratar de esta forma en los colegios?', recuerden que el diputado Araya, todos los días, en todas sus alocuciones, acusaba de criminales a sus colegas diputados".
La Comisión de Seguridad terminará de debatir los vetos esta jornada, y remitirá el informe a la Sala, que realizará la votación final mañana miércoles, cuando la ley debería quedar completamente despachada y lista para su promulgación.
