La Sala del Senado aprobó este miércoles 13 de los 14 vetos presidenciales presentados por el Ejecutivo al proyecto que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación.
En la víspera, la Comisión de Seguridad Pública visó 10 observaciones ingresadas por el Presidente Gabriel Boric.
Tras la votación, el trámite en el Senado se entendió por cumplido y las indicaciones serán revisadas por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Hoy, la Sala aprobó el primer veto que buscaba suprimir normas de legítima defensa privilegiada (18 a favor y 16 en contra) y la segunda observación que otorga tratamiento especial cuando existe violencia en las cosas, que quedará con una pena de cárcel, pero no la misma pena de la usurpación con violencia en las cosas y personas (32 a favor y dos abstenciones).
Con 31 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Senado también dio luz verde a la tercera observación, que establece que, si la usurpación se realiza sin violencia o intimidación en las personas pero causando daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado medio si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; presidio menor en su grado mínimo a medio si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM.
El cuarto veto se rechazó por 18 votos contra 17 y se refería a eliminar el numeral 3 del artículo 1 sobre usurpación sin violencia en las personas: en específico, la disposición establecía la pena de presidio como única sanción. Aunque el Senado rechazó la observación, que apuntaba a suprimir el enunciado, luego no alcanzó el quorum para reponerla en la ley.
La quinta observación se aprobó por 29 a favor y seis en contra y añade que "cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM. Para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias:
- Que el imputado haya sido condenado por delito de usurpación antes.
- Que haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia.
- Que el inmueble haya sido previamente objeto de delito de usurpación y que el imputado tenga conocimiento de aquello".
El séptimo veto fue aprobado en contra y buscaba suprimir el numeral 5 del artículo 1 sobre el marco penal rígido (18 a favor y 17 en contra).
También fue aprobado 18 a 17 el octavo veto que apuntaba a suprimir la detención por flagrancia para llevarla a régimen general, salvo en el caso de las policías.
En tanto, se aprobó la novena observación que permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente. De esta forma para las detenciones ciudadanas rigen las normas generales (12 horas) y para las policías son permanentes (30 a favor, dos en contra y tres abstenciones).
Asimismo, se visó la modificación número 11 (veto aditivo) que adiciona la restitución anticipada en cualquier etapa del procedimiento, haya sido o no formalizados los imputados, pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble. Esto no impide la detención por flagrancia (32 a favor, uno en contra y una abstención).
OPOSICIÓN VALORA "GRAN AVANCE" PESE A VETOS
En la antesala de la votación, los senadores opositores por la Región de La Araucanía, Felipe Kast, de Evópoli, y Carmen Gloria Aravena, independiente-Partido Republicano, destacaron el "gran avance" que implica la nueva legislación, con los vetos incluidos.
"El proyecto de ley que estamos aprobando creo que es un gran avance. Uno quisiera haber llegado al 100%, con el veto probablemente llegaremos al 80%, y creo que es un avance sustantivo porque hoy día las usurpaciones tienen impunidad total. Con este proyecto de ley no sería así. Con este proyecto de ley vamos a tener la posibilidad de tomar detenidos, la usurpación pasa de ser una simple falta a ser un delito, y eso se va a poder siempre tomar detenidas a las personas, más allá de que no compartimos el que el juez pueda determinar una multa, pero sí creemos que es un avance sustantivo", dijo Kast.
"El Gobierno ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo. A veces no es fácil llegar a acuerdos, pero creo que uno tiene que ser muy objetivo. Estamos mucho mejor de lo que estábamos a partir de este proyecto y sí, efectivamente, vamos a votar algunas cosas a favor porque mejoran el proyecto", complementó Aravena.
Desde la centroizquierda, en tanto, los también senadores por La Araucanía Jaime Quintana, del PPD, y Francisco Huechumilla, de la Democracia Cristiana, hicieron reflexiones políticas sobre la utilización del veto y la situación en la macrozona sur.
"Los vetos, en general, a mí nunca me han gustado, pero también debo decir que, así como al Presidente Piñera en su primer mandato lo usó en 12 ocasiones y en el segundo mandato en ocho ocasiones, este Gobierno lo ha usado poco, lo usado tres veces, entonces yo creo que los gobiernos tienen el deber de hacerlo cuando hay normas que pueden terminar afectando derechos. Y yo creo que (es el caso de) la legítima defensa privilegiada, que es la renuncia al Estado como garante, como responsable en la paz social", señaló Quintana.
"Ustedes saben lo que yo pienso de lo que pasa en la macrozona sur. Hemos vivido durante 27 años este fenómeno de violencia. Con esta ley el problema no se va a solucionar. Es como si yo quisiera terminar con la pobreza mediante una ley. La lógica del mundo mapuche es que ellos consideran que los usurpadores es el Estado que les quitó sus tierras y territorios", planteó Huenchumilla.
GOBIERNO DESTACÓ LA VOTACIÓN
La votación también fue abordada por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien aseguró que se valoraron "los buenos argumentos esgrimidos por el gobierno cuando se presentó este veto, despejando todo el debate público que ha existido, muchas veces las consignas que han sido utilizadas por parte de los distintos sectores".
"Primó un análisis serio respecto de la propuesta que ha hecho el Presidente de la República para que tengamos una buena ley", destacó el secretario de Estado.
Para el otrora presidente del PS, estas propuestas entregarán "herramientas adecuadas y oportunas para el restablecimiento del imperio del derecho con seriedad y proteger a las víctimas, pero también con un marco de sanciones conforme a la gravedad de la circunstancia y la forma en que se comete el delito".
La titular de Interior, Carolina Tohá, dijo que "también debiera despejarse, a propósito de esa votación, sin perjuicio de que nosotros hubieramos preferido que fuera favorable a todas las observaciones, lo que se dijo alguna vez que en el fondo este veto había sido digitado por el Partido Comunista, ha quedado demostrado que no era así".
Estas declaraciones surgen luego que los senadores del PC, Claudia Pascual y Daniel Núñez, rechazaran siete de las observaciones y se abstuvieran en otras dos.
Aunque una observación fue rechazada, La Moneda logró introducir todas las modificaciones que pretendía.