La ministra del ramo explicó que la inmobiliaria que pidió una certificación fraudulenta para las construcciones que vendió a 1.300 UF evadió impuestos, pero no recibió beneficios de su cartera.
La ministra Patricia Poblete aseguró que no se perdieron subsidios en el caso de supuesto fraude en San Fernando, donde se investiga la certificación ilegal de "viviendas sociales" para casas que posteriormente fueron vendidas en más de 1.000 Unidades de Fomento.
De acuerdo a la denuncia hecha el martes, la constructora El Remanso obtuvo del director de Obras del municipio de San Fernando, Alejandro Sánchez, documentos que certificaban como viviendas sociales, es decir, de no más de 500 UF, a las construcciones de la Villa Santa Teresita, que fueron vendidas en 1.300 UF.
De confirmarse el fraude, El Remanso se habría visto beneficiado con la evasión de diversos impuestos, como el de timbres y estampillas por cada vivienda y del pago de la inscripción de la propiedad ante el Conservador de Bienes Raíces, entre otros.
"La calificación de una propiedad como vivienda social es muy grave, porque exhibe de una serie de impuestos, no sólo de la ley de timbres y estampillas, sino que rebaja derechos municipales, notariales. Tengo entendido que además prácticamente exime (del pago) de los derechos en el Conservador de Bienes Raíces en la inscripción de la vivienda. O sea, aquí hay una evasión tributaria importante", explicó la titular de Vivienda.
Sobre la posibilidad de que estas supuestas "viviendas sociales" hayan recibido además subsidio, Poblete fue tajante en su negativa.
"Si valen 1.300 UF no está aportando nada. Estas no son viviendas que se vendieron a 500 UF. El ministerio no tiene ningún perjuicio, porque estas son viviendas que se clasificaron como vivienda social, pero que se venden como viviendas de 1.300 UF, por lo tanto nosotros como ministerio no estamos dando ningún subsidio", explicó.
Sin embargo, Poblete afirmó que "hemos pedido que los (secretarios regionales ministeriales) seremis en el país vean si existen otras situaciones anómalas como ésta".
"Nosotros vamos a estar atentos para mandar los antecedentes a la Contraloría de la República para que se haga el sumario respectivo y se puedan recomendar las sanciones del caso", añadió, explicando que el director de Obras depende exclusivamente del municipio, por lo que el Minvu no puede pedir su remoción.
El alcalde de San Fernando, Juan Pablo Molina, ordenó además un sumario administrativo del caso, mientras que el Servicio de Impuestos Internos pesquisa el supuesto fraude. (Cooperativa.cl)
