Fiscalía formalizó causa por microtráfico contra sospechoso del crimen del cabo Palma
L.L.M. había sido detenido por este caso el 12 de agosto del 2022 en Tomé, pero nunca se le imputaron cargos.
Juzgado de Garantía dio cuatro meses de plazo para investigar este delito.
El Ministerio Público formalizó este jueves la investigación por tráfico en pequeñas cantidades contra L.L.M., uno de los tres imputados por el homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma (ascendido póstumamente a suboficial mayor).
El sujeto, de nacionalidad venezolana, había sido detenido el 12 de agosto del 2022 en Tomé, Región del Biobío, con 12,48 gramos de marihuana y dinero en efectivo -lo que hacía presumir a la policía que estaba vendiendo la droga-, cuando cumplía una condena -desde junio anterior- por porte de armas con el beneficio de libertad vigilada.
En esa oportunidad, por razones desconocidas, la Fiscalía no pidió formalizar la investigación por microtráfico: un trámite que, de haberse cumplido, habría llevado a la justicia a reemplazar su libertad vigilada por la prisión de manera efectiva dentro de una cárcel.
Ocho meses después, cuando ya está en prisión preventiva por el crimen de Palma, L.L.M. fue imputado hoy por el caso relacionado con las drogas.
Por su parte, su defensor público, Gonzalo Benavente, detalló que se trataría de "un delito de emprendimiento que dice relación con portar droga en pequeñas cantidades, en este caso: 12 papelillos que equivalen a 7,2 gramos neto de marihuana".
"Entiendo que la condena, la revisión de esta pena sustitutiva no está firme todavía. Pero efectivamente a él se le decreto la prisión preventiva en otra causa, en una causa de Santiago", concluyó el abogado.
El Juzgado de Garantía de Tomé dio cuatro meses de plazo para investigar ese presunto delito, mientras que la fiscal Ana María Aldana no solicitó medidas cautelares porque ya está sujeto a la prisión preventiva en la causa por el asesinato del carabinero y cumpliendo la pena efectiva de cárcel por el porte de armas, que fue restituida tras el crimen del policía.
En paralelo, la Defensoría Penal Pública (DPP) interpuso un recurso de apelación a la revocación del cumplimiento de la condena de L.L.M. por el porte de armas ante la Corte de Apelaciones de Concepción.