Juzgado revocó prisión preventiva a funcionaria del GORE de La Araucanía acusada de fraude al Fisco
Se rebajó la medida cautelar a arresto domiciliario para la imputada, quien es investigada por Fiscalía en el denominado caso manicure.
En tanto, los hermanos responsables de fundaciones que no ejecutaron los proyectos a su cargo quedaron en prisión preventiva.
La causa fue denunciada por el propio gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, quien, al enterarse de que ya no se estaban realizando las mencionadas capacitaciones, presentó una querella en contra de los dos imputados.
El Juzgado de Garantía de Temuco rebajó las medidas cautelares a una funcionaria del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía que se encontraba en prisión preventiva tras haber sido formalizada por fraude al Fisco y cohecho en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía por el denominado caso manicure, una de las aristas del caso convenios.
Tras la audiencia, en la que la imputada, Susan Alarcón, declaró voluntariamente ante el juez, se decretó arresto domiciliario y arraigo nacional.
Conocida la resolución, el fiscal Carlos Cornejo apuntó que "nos encontramos analizando su mérito, y dentro de los próximos días se deducirá un recurso de apelación para la Corte de Temuco, a fin de revertir esta decisión judicial, e instar por su prisión preventiva".
Sin embargo, la audiencia continuó este viernes ya que quedó pendiente la revisión de cautelares de otros dos imputados, quienes están imputados como responsables de dos fundaciones que recibieron recursos del GORE, pero no habrían ejecutado los proyectos que estaban a su cargo, los cuales estaban vinculados a capacitaciones para enseñar a mujeres a realizar manicure u otras actividades relacionadas con estética.
Los otros dos acusados en la causa corresponden a dos hermanos que también se encuentran privados de libertad desde agosto del año a raíz del eventual fraude, que bordea los 700 millones de pesos.
La causa fue denunciada por el propio gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, quien, al enterarse de que ya no se estaban realizando las mencionadas capacitaciones, presentó una querella en contra de los ambos.
Tras la revisión de sus cautelares, se determinó que estos dos últimos imputados, de apellido Ortiz, se mantendrán bajo prisión preventiva.