Oposición valoró desmentido de fuga de extranjeros que golpearon a carabineros
"Buena noticia que hayan sido encontrados estos ilegales", dijo el diputado Longton (RN) tras la entrevista en Cooperativa del subsecretario Monsalve.
Ante los casos de alcaldes capitalinos con protección policial por amenazas, el gobernador Orrego afirmó que, "como país, necesitamos unidad y mano dura".
Igual que el Gobierno, Longton opina que los dos colombianos deberían estar en prisión preventiva y no bajo arresto domiciliario nocturno, como definió la Justicia.
El diputado de Renovación Nacional Andrés Longton valoró que el Gobierno haya desmentido que los sujetos que agredieron a personal de Carabineros la semana pasada en el Barrio Franklin se encuentren inubicables.
"Es una buena noticia que hayan sido encontrados estos extranjeros ilegales", dijo el parlamentario tras las dudas que surgieron el jueves respecto del paradero de los dos colombianos imputados, que actualmente se encuentran -por decisión judicial- sometidos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
"Estas personas, que pueden tener un nutrido prontuario delictual, deben quedar en prisión preventiva, como lo establecimos en el Congreso a través del Criterio Valencia, que próximamente va a ser ley de la República", afirmó Longton.
Esta mañana en entrevista con El Diario de Cooperativa, junto con el desmentido, el subsecretario Manuel Monsalve recordó que el 13 de mayo el Gobierno ingresó a la Cámara Baja un proyecto de ley para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
Dicha herramienta permitiría aplicar la medida no sólo por razones de seguridad interna, sino también de orden público, además de reducir de 10 a 5 días el plazo para apelar, y otorgaría también facultades para expulsar a imputados por delitos simples.
Sin embargo, desde la oposición creen que la mejor herramienta para abordar las expulsiones administrativas es un proyecto impulsado por Chile Vamos -que no está priorizado en la agenda de seguridad- y que tipifica como delito el ingreso clandestino al país.
"Quien no tenga su identidad, quien entró de manera ilegal en el país y cometa un delito, debe quedar en prisión preventiva, sobre todo mientras se tramita su expulsión del país", insistió Longton.
Alcaldes amenazados en la RM
Monsalve también señaló en Cooperativa que actualmente existen cuatro o cinco alcaldes en la Región Metropolitana que cuentan con medidas de protección policial a raíz de amenazas por declaraciones contra grupos delictivos.
"Es un síntoma más de la profunda crisis de seguridad que estamos viviendo", reaccionó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
"Estos alcaldes no están amenazados por adversarios políticos: están amenazados por el crimen organizado, y ésa es la amenaza que tenemos como país; que el crimen organizado no solamente amedrenta a los ciudadanos, también amedrenta a las autoridades", indicó el exalcalde de Peñalolén.
Orrego enfatizó que "Chile está viviendo una delincuencia 2.0 por el nivel de violencia, organización, y recursos (de los criminales) y, como nunca, como país necesitamos unidad y mano dura ahora".
Mientras que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dio cuenta que "hemos tenido algunos casos acotados, pero por supuesto gravísimos, de amenazas en contra de alcaldes y alcaldesas, y ahí lo que procede es que la autoridad competente disponga un servicio de protección, de acompañamiento".
"Eso revela que el Estado no va a permitir que ninguna autoridad sea objeto de amenazas o que pueda ponerse en riesgo el desarrollo de sus tareas", destacó la autoridad.
Durán convocó a los alcaldes de la región a una reunión de trabajo el próximo martes para profundizar los anuncios que ha realizado el Gobierno en materia de seguridad.
Alcaldes abordan esta problemática
La situación también fue abordara por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (FA), quien admitió que para ellos "ha significado el poder establecer nuevos protocolos de seguridad del alcalde y también coordinación con Carabineros, de manera de poder evitar acciones que puedan dejar expuestas a la primera autoridad comunal que le toca ejercer este cargo".
"Mentiría si dijera que no me ofrecieron protección policial, tenemos algunas medidas de protección que no se pueden comentar acá. Creo que desde nuestros cargos tenemos que asumir que existe también un miedo que tiene que ver quizás a veces no solo con uno, sino que también con nuestros hijos, con nuestras familias", analizó, por su parte, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse.
En tanto, su par de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), afirmó que "cada uno de los municipios toma su resguardo, (aunque) es una situación bastante compleja, porque hay una familia detrás y requiere de un tratamiento especial y de la protección de las policías".
"Si me preguntan si conozco el número exacto, no, no lo conozco, pero uno se va dando cuenta de que va aumentando el número de jefes comunales que requieren de esta protección", cerró el jefe comunal.