Cambio en el Código de Procedimiento Penal debe ser votado ahora por la Sala de la Cámara Baja.
"Se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciera de documentos", dice el proyecto, que evita discriminar por nacionalidad.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala este lunes un proyecto que busca establecer la prisión preventiva a detenidos sin un documento que acredite su identidad, legalizando así el "criterio Valencia" en medio de la crisis de seguridad que vive el país.
La iniciativa, visada por ocho votos a favor contra tres -estos últimos, de Apruebo Dignidad-, tiene las firmas de Andrés Longton, Jorge Alessandri, Yovana Ahumada, Sofía Cid, Jaime Araya, José Miguel Castro, Paula Labra, Miguel Mellado, Jorge Rathgeb y Diego Schalper.
El denominado "criterio Valencia" fue anunciado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, el 6 de abril luego del asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma. En ese caso, los tres imputados del crimen son de nacionalidad extranjera.
El jefe del Ministerio Público ordenó a los fiscales de la Región Metropolitana solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para todos los inmigrantes que sean detenidos y que no tengan RUT, a fin de tenerlos encarcelados hasta establecer su identidad; instrucción que después se hizo extensiva a los persecutores de todas las regiones de Chile.
El 12 de abril, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo que el instructivo del jefe del Ministerio Público para pedir este tipo de prisiones preventivas "no es un criterio legal" y que, por tanto, los jueces resolverán caso a caso las peticiones de los fiscales.
La iniciativa visada hoy en comisión modifica el Código Procesal Penal en materia de plazos de detención y permite realizar diligencias de investigación por el Ministerio Público en el extranjero, en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario.
Para evitar discriminaciones entre extranjeros y chilenos, la comisión dio luz verde a una indicación que consagra las circunstancias en que se debe decretar la prisión preventiva sin distinciones de nacionalidad: "Se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciera de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados".
La diputada Lorena Fríes (independiente-Apruebo Dignidad) hizo reserva de constitucionalidad respecto del proyecto.
"La prisión preventiva opera caso a caso, y lo que hay en estos proyectos no es un caso a caso, sino que el establecimiento de una categoría respecto de la cual habría que ampliar la prisión preventiva. Eso puede ser una afectación al principio de igualdad ante la ley y no discriminación. Y en todo caso, no se trata de un proyecto del gobierno, hay margen para disentir. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho tampoco indicaciones respecto de ese proyecto", analizó la parlamentaria.
Desde el Gobierno, en tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que "si el proyecto siguiera avanzando, vamos a ver cómo comportarnos, pero queremos insistir: eso ya hoy día está en la ley, no parece ser una necesidad insistir en algo que es un criterio clarísimo".
"Nosotros pensamos que lo que es extremadamente útil es exactamente lo que estamos haciendo, qué es echando a andar un proceso de empadronamiento que va a significar que toda persona que esté en el territorio nacional, si no tiene una papel de identificación, se le asigne uno y no tengamos personas sin papeles en Chile", sostuvo la jefa de gabinete.
De todos modos, el proyecto va en línea con lo señalado el 11 de abril por Tohá, quien entonces afirmó que "quizá el día de mañana se puede establecer por ley (el criterio Valencia), para que no sea a criterio del juez o del fiscal solicitarlo".
En la Comisión expuso esta jornada el abogado Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía, quien aseguró que "esto no constituye una política migratoria. No es facultad del Ministerio Público realizar políticas migratorias en cuanto a cuáles han de ser o no las consecuencias del ingreso regular o regular de una persona a este país".
"Lo que tenemos hoy es que a una persona la pueden detener, puede ir a audiencia de control de detención, puede decir que su nombre es Juan Pérez, quedar firme ante la autoridad policial correspondiente y no cumplir con esas cautelares. Si vuelve a cometer un delito, podría en esta oportunidad decir que ya no se llama Juan Pérez, sino que se llama Pedro Pérez", advirtió el jurista.
"Podríamos tener una sucesión de circunstancias", cerró.
El debate en la comisión estuvo marcado por las diversas posturas de los parlamentarios: mientras que en la oposición respaldaron la iniciativa, desde Apruebo Dignidad acusaron xenofobia.
"El que entra sin que lo llamen, ojalá que se vaya sin que lo echen. Hay muchos que entraron al país a delinquir", afirmó el diputado RN Miguel Mellado.
Por su parte, su par Consuelo Veloso (Revolución Democrática) aseguró que en el debate hubo "una serie de intervenciones sumamente xenofóbicas".
"Me imagino ser un trabajador o trabajadora haitiana, venezolana o colombiana, que está en su casa y que todos los días se levanta a las 05:00 de la mañana a trabajar, tener que llegar a última hora, sentarse a comerse un pedazo de pan con su familia y que escuche a los representantes de Chile (decirles) que son unos delincuentes", puntualizó la parlamentaria.
"Sembrar un velo de duda sobre sus intenciones me parece preocupante y un retroceso para la historia democrática de este país", profundizó la diputada Veloso.
Desde Chile Vamos, el diputado RN Andrés Longton valoró que la Comisión aprobaba el "criterio Valencia", ya que así se podrá "decretar la prisión preventiva por simple delito o por crimen".
"Con los crímenes, lo normal es que la persona quede en prisión preventiva, pero los simples delitos no. En ese sentido, una persona que está imputada por delitos creemos que lo razonable es que quede privada de libertad, pudiendo tener un riesgo evidente de fuga, como se ha demostrado en la práctica", analizó el parlamentario opositor.
Esa situación podría "dejar expuesta a la ciudadanía, dejar expuesta a la familia chilenas, de tener convivir con una persona que es un peligro para la sociedad".
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