Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende reaccionaron a nulidad de indemnización.
La semana pasada el Ciadi determinó que no procedía un pago a los propietarios.
El empresario español Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA) anunciaron que harán efectivo el fallo que los favoreció en 2008 según el cual ellos fueron reconocidos como propietarios del diario Clarín, que fue incautado en 1973 tras el golpe militar.
Este anuncio se conoce solo algunos días después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) anulara el pago de 10 millones de dólares a ambos dueños del periódico chileno.
"Tras estudiar los pronunciamientos definitivos del Laudo arbitral de 2008", Víctor Pey y la FPA "han resuelto ejecutarlo", informan en un comunicado al que tuvo acceso Efe en Madrid. Esto quiere decir que harán efectivo dicho fallo que los favoreció por sobre el que acaba de entregarse.
La nota, firmada por Pey y la fundación, dice que el laudo "declara a Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende propietarios del patrimonio de la empresa editora del diario Clarín y condena al Gobierno de Chile a indemnizar los daños y perjuicios y pagar parte de las costas del juicio arbitral".
También considera que la decisión del Comité ad hoc del Ciadi la semana pasada "ha creado la oportunidad de aumentar el monto de la indemnización que el laudo de 2008 había fijado en 10.132.690 dólares que la Administración Lagos regaló en 2005 a los partícipes de un fraude al Estado en torno a unos propietarios inventados para la ocasión".
Víctor Pey y la FPA anunciaron asimismo que solicitarán "en su momento" en el Ciadi la constitución del Tribunal Internacional que tendrá por misión establecer la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados.
Nada más conocerse la decisión del Ciadi el pasado 19 de diciembre, los propietarios de la empresa editora del diario chileno Clarín, consideraron que la anulación del pago de la indemnización de 10 millones de dólares por parte del Estado chileno, "abre las puertas a un nuevo Tribunal de Arbitraje".
