Seis Premios Nacionales de Periodismo firmaron una declaración en la que manifiestan una "profunda inquietud por la situación que afecta a la libertad de expresión" en Chile, así como "al acceso de la ciudadanía a la veraz y oportuna información" y a la disciplina misma "en momentos críticos para la vida institucional del país".
La misiva surgió en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y fue firmada por Juan Pablo Cárdenas, Faride Zerán, María Olivia Mönckeberg, Sergio Campos, Alipio Vera, Abraham Santibáñez y Mónica González, junto con el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancani.
El escrito primeramente indica que "rechazamos toda injerencia de un poder del Estado en los contenidos que emita un medio de comunicación", aludiendo a los reportados "telefonazos" a La Red y Chilevisión por su línea editorial, y al mismo tiempo, "impugnamos que las Fuerzas Armadas y de Orden deliberen y sean un actor político de la contingencia nacional", refiriéndose a la carta que recibió la directiva de la primera estación en contra de la parodia de un general.
Por otro lado, llamaron al Ministerio de Defensa a esclarecer "la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas que, en el cumplimiento de un mandato social, dan cuenta de actividades de corrupción al interior de diversas instituciones armadas", caso que hoy está siendo revisado en la Cámara Baja.
Por lo demás, los profesionales hacen ver "la necesidad urgente de que se garanticen las debidas condiciones de seguridad para que los periodistas puedan informar sobre movilizaciones sociales y cualquier otra situación de interés público y no corran riesgo de ser agredidos por agentes del Estado o civiles contrarios a la libertad de expresión".
De esta manera, solicitan que se acojan las denuncias en esta línea desde diversos organismos internacionales, los que observan un "retroceso de Chile en lo que se refiere a la libertad de expresión y al intento de limitar la democracia".
Asimismo, piden al Gobierno "respetar el trabajo periodístico, garantizar el acceso a la información, y abstenerse de enjuiciar y calificar artículos y programas difundidos en medios nacionales e internacionales, así como toda presión hacia los propietarios y/o controladores de los medios de comunicación".
