Las canastas familiares de Arica y Parinacota siguen dando coletazos. Este domingo, el Consejo Regional exigió por mayoría, la reunincia del intendente Roberto Erpel y del administrador regional Giancarlo Baltolú, luego que Contraloría decidiera representar el contrato entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar, para la adquisición de 22.375 canastas.
Tras la reunión del Comité de Régimen Interno, por mayoría la mesa decidió exigir la salida de las autoridades, debido a que "se ha perdido la confianza legítima en la capacidad de liderar y asegurar la transparencia del proceso de entrega de estas ayudas sociales y por ende, la capacidad de enfrentar la grave crisis sanitaria y socio económica por la que atraviesa nuestra región.
La situación se dio a conocer tras una denuncia en Contraloría por parte de los parlamentarios socialistas José Miguel Insulza y Luis Rocafull, acusando irregularidades en la elección del proveedor, sobrevaloración de los productos listados y modificación de la lista de alimentos requeridos.
A esto se suma la denuncia realizada por organismos sociales de Arica y Parinacota, quienes alegan haber realizado postulaciones en línea de cientos de familias para la obtención del beneficio, a petición del mismo Gobierno Regional, sin conocer hasta la fecha los criterios de elección ni el estado de sus requerimientos.
Investigación sumaria
Este domingo, el intendente Roberto Erpel se refirió a la investigación en curso de la Contraloría, anunciando que el proceso de repartición de canastas familiares fue suspendido tras la representación del ente fiscalizador.
Erpel señaló que fue instruido a la comisión adjudicatoria un informe técnico, con el fin de "tomar las decisiones administrativas que corresponden".
"Dispondré este día lunes una investigación sumaria, que dé cuenta de la representación realizada por ese organismo contralor. Para nuestro gobierno, el correcto funcionamiento de todos los procesos es escencial para cumplir nuestro rol. Nuestro foco es y será siempre el bienestar de la ciudadanía, más aún en un escenario tan complejo como el que vivimos hoy", indicó la autoridad.
La polémica se suma a la denuncia realizada semanas atrás por "permisos premium" firmados por el administrador Baltolú, para que dirigentes vecinales y consejeros regionales pudieran transitar libremente por la ciudad mientras duró la cuarentena en abril.
