El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que el Gobierno enviará un veto aditivo al Congreso para corregir el proyecto de ley de indultos conmutativos, con el que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles para de minimizar los efectos de la pandemia del Covid-19.
La iniciativa gubernamental fue despachada por el Legislativo, pero -por votos de rechazo del propio oficialismo- sin la norma que permite sancionar el incumplimiento por parte de las personas que se acojan a este beneficio -que cumplan con los requisitos y salgan de las cárceles- para pasar a arresto domiciliario total.
El texto que había sido aprobado esta semana (boletín 13358-07) excluye del beneficio a todos los condenados por delitos graves, como homicidios, violación, secuestros y, tras indicación ingresada por el senador PS Alfonso de Urresti, a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Pero ese último punto generó molestia en Chile Vamos, ya que impediría, por ejemplo, que presos de Punta Peuco pudiesen acceder al beneficio: como señal política de molestia, gran parte del sector no dio sus votos en la Cámara Baja y rechazó los artículos respectivo a sancionar el incumplimineto de la pena conmutada.
Incluso senadores oficialistas (UDI, RN e independientes) ingresaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional acusando que el proyecto va contra "el principio de igualdad ante la ley", porque consideran "arbitrario" que el proyecto discrimine por tipo de delito cometido y no factores de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19, como la edad y el estado de salud de los reos.
Finalmente, ante todo esto, el Ejecutivo resolvió enviar, con discusión inmediata, un veto para reponer los artículos rechazados y que permitirá el revocamiento del beneficio a los presos que incumplan el eventual arresto docimiliario total.
Además, a los delitos excluidos considerados en el texto se agregarán otros que "pensamos que no son acreedores de este beneficio", explicó el ministro Larraín: no podrán acceder aquellos condenados por infracción a la ley de armas y por asociación ilícita para el tráfico de drogas, así como por violencia intramiliar.
"A la brevedad posible vamos a enviar con discusión inmediata este proyecto con el propósito de tener lo antes posible esta ley; es urgente dada la situación que hay en los recintos penitenciarios, necesitamos aliviar y que la población de riesgo pueda salir lo antes posible si cumple los requisitos de esta ley", subrayó.
También dará urgencia a "Ley Humanitaria"
Sin embargo, en una clara señal hacia el oficialismo, Larraín también anunció que el Gobierno le dará "máxima urgencia" al proyecto denominado "ley de indulto humanitario", con el fin de que reos de avanzada edad puedan acceder -solicitud ante los Tribunales de Justicia mediante- a arresto domiciliario total, impulsado desde fines de 2018.
"Existen personas que están en riesgo inminente de muerte, y creemos que ellos también son acreedores de una solución para enfrentar esta situación", sostuvo.
El ministro recordó que esa iniciativa "le permite este beneficio a los mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de una invalidez total, que los hace completamente imposible de desenvolverse por sí mismos".
Esta iniciativa no excluye por tipo de delito cometido, por lo cual ha sido rebautizada por algunos sectores como "Ley Punta Peuco".
Colegio Médico pide a las autoridades una mirada "epidemiológica, no penitenciaria"
El presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales, dice que el hacinamiento carcelario en medio de una pandemia se trata de un problema de salud pública que debe ser tratado desde la perspectiva epidemiológica.
"Los presos comparten unos pabellones dormitorios de aproximadamente unos 60 a 70 metros cuadrados, donde conviven entre 80 y 100 personas. Es imposible que mantengan una distancia social mínima, no cuentan con los recursos mínimos para enfrentar un brote de estas características", dijo el médico.
"La mirada que evidentemente prima en el control de esta epidemia es penitenciaria, y lo que hace falta al enfrentarse a una cárcel con una epidemia es una mirada epidemiológica", añadió.
No están conformes: A la UDI le "duele" decisión del Gobierno
Sin embargo, esta decisión del Gobierno no dejó conformes a parte del oficialismo, ya que está latente la posibilidad de que al ser dos proyectos distintos sea aprobado el de indultos conmutativos con el veto aditivo, pero la oposición no dé sus votos para sacar adelanto el de indulto "humanitario".
La timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, adelantó que los senadores que firmaron el requerimiento van a conversar, pero, por ahora, aseguró que "nosotros no tenemos ninguna intención de retirarlo del Tribunal Constitucional", ya que consideran que "los anuncios del Gobierno son absolutamente insuficientes".
"Hoy tenemos una pandemia que ataca con fuerza y que aumenta la mortalidad en pacientes mayores de 70 años. Y resulta que en Punta Peuco hay mucha gente mayor de 70 años que para la década del 70 estaban de turno, no tenían mando, no fueron autores materiales, que hoy tienen enfermedades concomitantes, y que hoy (autoridades) están dispuestos a dejar que se contagien fruto del hacinamiento que existe en esa cárcel. Duele que nuestro Gobierno esté cometiendo una discriminación de esa naturaleza", dijo.
Elizalde fustigó que se legisle "de contrabando" para sacar a violadores de DDHH
Desde la oposición, el timonel PS, Álvaro Elizalde, volvió a cuestionar un presunto aprovechamiento por parte de Chile Vamos: "Es francamente inaceptable que se pretenda aprovechar la coyuntura del Covid-19 para consagrar la impunidad en materia de violaciones a los DDHH".
"De contrabando se pretende legislar para quienes están involucrados, que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad terminen sin cumplir sus penas. La democracia exige respeto irrestricto a los DDHH y la sanción efectiva a quienes los violan, para sentar un precedente para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer esas atrocidades", sostuvo.
El senador Felipe Harboe (PPD) recalcó que "nosotros no vamos a aceptar que salgan ni homicidas ni violadores, ni menos aún violadores de derechos humanos, eso sí que no".
Desde la Cámara Baja, Tomás Hirsch (PH) indicó que "no hay un solo diputado o diputada de la oposición que va a permitir que se pretenda, con cualquier justificación, la libertad de violadores a los derechos humanos".
El diputado Matías Walker (DC) recordó que "de acuerdo a todos los principios incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser acreedores de beneficios".
El veto aditivo al proyecto de indultos conmutativos requiere quórum calificado para su aprobación: 78 votos en la Cámara Baja y 22, en el Senado.
