El senador PPD emplazó al Ejecutivo a realizarle cambios "sustanciales" al documento retirado de la Contraloría antes de reingresarlo.
"En ningún caso sustituye la labor de la policía", afirmó el intendente Felipe Guevara.
El Gobierno retiró ayer el decreto por un "error de redacción".
El Gobierno reingresará dentro de los próximos días el polémico decreto del Ministerio del Interior para otorgar nuevas facultades fiscalizadoras a funcionarios municipales por las medidas restrictivas dispuestas por la autoridad ante la pandemia de Covid-19.
El Ejecutivo había ingresado el documento a la Contraloría hace menos de una semana, pero lo retiró ayer lunes para corregir un "error en la redacción" de las atribuciones de los guardias.
En los últimos días el texto había sido cuestionado por la oposición e impugnado por los senadores José Miguel Insulza (PS) y Felipe Harboe (PPD), quienes criticaron que medidas de ese tipo no pueden hacerse mediante un decreto; e incluso por el oficialista Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, quien acusó que el documento permitiría a los funcionarios realizar controles de identidad, lo que es "absolutamente ilegal, inconstitucional e irresponsable".
Harboe reiteró hoy su punto de vista y apuntó que "si el Gobierno ha tomado la decisión de retirar el decreto, que lo cambie sustancialmente, no otorgándole ningún tipo de facultad fiscalizadora a los guardias municipales, me parece tremendamente regresivo y peligroso".
Expuso que "si el estado de catástrofe ha permitido que las Fuerzas Armadas estén en la calle, que sean ellas y las policías los que cumplan esa función, como dice la Constitución, pero no guardias municipales que carecen de la preparación adecuada".
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió que "hemos estado trabajando con la Contraloría para que los alcaldes puedan colaborar en lo que es básicamente el objetivo compartido que tenemos todos, que es poder asegurar la efectiva implementación de las medidas sanitarias, en la efectiva fiscalización".
"Las municipalidades tienen ciertas facultades de fiscalización, y en el ámbito de esas atribuciones, lo que hace el decreto, es generar los mecanismos para que los municipios puedan fortalecer la colaboración en la fiscalización de las medidas sanitarias en el ámbito de sus atribuciones, porque tienen un marco legal que las rige", explicó.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lamentó el retiro del decreto "porque queríamos ser coayudantes activos del Ejército, hoy seguridad ciudadana lo que está haciendo, y lo ha hecho siempre, es una labor educativa a informativa para la población, además de colaborar con Carabineros y la PDI en el resguardo de la seguridad ciudadana".
"No somos policías, pero hemos tomado un rol activo, y la ciudadanía lo agradece en tiempos de pandemia", agregó.
En tanto, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, planteó esta mañana en El Diario de Cooperativa que "si hay un municipio que quiere adelantarse a eso, la forma que tiene para hacerlo es enviar a sus funcionarios en comisión de servicio a la Seremi de Salud, y automáticamente esas personas pasan a tener todas las atribuciones de los inspectores de la seremi".
"Son colaboradores y lo que permite el decreto, o esa acción de comisión en servicio, es ampliar la capacidad fiscalizadora, en ningún caso es sustituir la labor de la policía", precisó la autoridad regional.
De momento, el Gobierno no ha detallados los cambios que hará al decreto.
