La "insalubridad y sobrepoblación" en los penales generan "condiciones perfectas" para la expansión del Covid-19, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas.
La ONG llama a prevenir consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población.
La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) urgió este jueves a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a reducir el "hacinamiento" de sus cárceles y centros de detención juveniles para prevenir posibles brotes de la Covid-19, para evitar consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población.
"Si hay un brote de coronavirus en una de estas prisiones de América Latina, es un desastre en materia de salud previsible y que está debidamente anunciado", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Lo urgente es descongestionar, bajar la sobrepoblación, buscar maneras legales, realistas; no se trata de darles libertad y vacaciones, sino que buscar categorías de reclusos que podrían estar en un sistema distinto de casa por cárcel", añadió.
La organización señala que la "insalubridad y sobrepoblación" de los centros penales en la mayoría de países de América Latina y el Caribe generan las "condiciones perfectas" para que se produzcan brotes, y recuerda que este mes de marzo ha habido "amotinamientos" de los reclusos debido a la falta de medidas de protección e "intentos de confinarlos".
"Cientos lograron fugarse, hubo decenas de heridos y al menos 40 reclusos murieron en esas revueltas en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, y Brasil", sostuvo HRW, que exigen también a las autoridades que "investiguen las circunstancias de todas estas muertes, incluida la posibilidad del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad".
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Dentro de los establecimientos de detención, el Covid-19 podría propagarse rápidamente e infectar a personal, contratistas, visitantes, abogados y reclusos que luego sean liberados y llevar así la enfermedad a la población en general, advierten los activistas, que piden que se "tomen medidas urgentes para evitar que la pandemia corra como un reguero de pólvora por las cárceles de la región".
Algunos gobiernos, como los de Chile, Argentina y Brasil ya han adoptado "medidas para permitir el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de reclusos", apunta HRW, que pide al resto de países que "consideren alternativas" en el caso de los reos que no amenacen la seguridad pública y reclama su "responsabilidad de proteger y ofrecer cuidados médicos a los reclusos que no sean liberados".
