La Policía de Filipinas mató el miércoles a un hombre por supuestamente enfrentarse a unos agentes al saltarse la estricta cuarentena para frenar la pandemia de Covid-19, después de que el presidente Rodrigo Duterte ordenara a las fuerzas de la ley "disparar a matar" a quien no cumpliera las normas.
La víctima, identificada como Winston Ragos, es un militar retirado de 34 años que, según la versión policial, apuntó con un arma a los agentes cuando le pidieron que fuera a su casa, por lo que ellos tuvieron que disparar en defensa propia.
En una comparecencia el pasado 1 de abril, el presidente Duterte instó a la Policía y el Ejército "disparar a matar" a todos lo que no cumplieran con las nuevas regulaciones durante la cuarentena, unas palabras que causaron gran indignación entre la sociedad civil y grupos de derechos humanos.
La madre de la víctima contó a medios locales que su hijo sufría estrés postraumático después de haber servido en el Ejército durante la batalla de Marawi, en el sur de Filipinas, que enfrentó a fuerzas gubernamentales con yihadistas durante cinco meses en 2017.
El informe policial de la comisaría del distrito de Quezon, donde sucedieron los hechos, indica que cuatro agentes del Grupo de Patrulla de Carreteras patrullaban por la calle cuando Ragos se acercó y comenzó a gritarles e increparles.
Los agentes pidieron a Ragos que regresara a su casa porque estaba violando la cuarentena cuando éste sacó una pistola calibre 38, lo que causó que el agente de policía Daniel Florendo le disparara, según el informe.
En una grabación de la cámaras de seguridad de la zona que se ha hecho viral en las redes sociales se puede ver a los vecinos del barrio tratando de evitar que la policía dispare a la víctima.
"Señor, no está en su sano juicio, simplemente déjelo ir", dijo un vecino al agente, a lo que éste respondió: "No nos moleste y ocúpese de sus propios asuntos. Tenemos que matarlo", declaró un testigo de los hechos a medios locales.
Otro testigo señaló que la víctima -que fue trasladada al Hospital Commonwealth, donde fue declarada muerta- no llevaba ninguna pistola cuando la policía registró sus pertenencias.
"Este asesinato muestra que la orden del presidente de disparar a matar y la amenaza de una toma de control estilo ley marcial no son meras exageraciones: ya hemos escuchado eso durante la sangrienta guerra contra las drogas", lamentó la secretaria general de Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos.
Karapatan y otros grupos civiles han denunciado numerosos abusos de derechos durante la cuarentena, que ha derivado en una militarización de las calles y en arrestos de activistas.