A pocas semanas de la inauguración del nuevo Aeropuerto de Santiago, los accionistas de su concesionaria, Nuevo Pudahuel, concretaron su advertencia de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para resolver su disputa con el Ministerio de Obras Públicas, después de no llegar a acuerdo en siete meses de diálogo.
Según publicó El Mercurio, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales informó este lunes que fue notificada del registro de la solicitud de arbitraje el pasado 13 de agosto, ingresada por las francesas ADP International y Vinci Airports, firmas que poseen el 85 por ciento de Nuevo Pudahuel, mientras que la italiana Astaldi, a la que pertenece el 15 por ciento restante, no figura en la acción.
De acuerdo a la Subsecretaría, las empresas acusan la violación de las obligaciones del país bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección de Inversiones, por cuanto -a su juicio- el Estado debió adoptar medidas particulares en beneficio exclusivo de la concesionaria durante la pandemia.
Esto, con el fin de aliviar la baja temporal de ingresos que conllevó la disminución del tráfico aéreo y de las actividades comerciales de la terminal, así como el perjuicio que les habrían causado las restricciones sanitarias, como el cierre de fronteras o la imposición de cuarentena.
Cabe recordar que en enero pasado, Nueva Pudahuel había solicitado la extensión del contrato de concesión, en vigencia desde 2015, por un lapso de 20 años, para compensar las mermas mencionadas anteriormente, pues el aeropuerto prevé que posiblemente caiga en insolvencia en 2022, por cuanto proyecta que 85 millones de pasajeros no concurrirían a sus inmediaciones entre 2020 y 2025, grupo que se elevaría a 209 millones al año 2035.
ESTADO ADUCE "ESTRICTO APEGO AL DERECHO INTERNACIONAL"
Previo al proceso que enfrentará el Estado, el subsecretario Rodrigo Yáñez aseguró que "Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia", por lo que estima que "las reclamaciones de ADP y Vinci desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia por medio de medidas generales que velen siempre por los intereses de la población y de todos los actores de la economía, sin exclusiones, privilegios o discriminaciones".
En ese sentido, la Subsecretaría anticipó que defenderá los intereses del Estado "con el convencimiento de haber actuado en todo momento en conformidad con los estándares internacionales de protección a la inversión y sus obligaciones internacionales".
Las empresas francesas serán representadas en la demanda por el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer, que tiene sede en Nueva York.
