La iniciativa de la FRVS busca que no haya persecución penal contra las más de 437 mil personas que recibieron la ayuda ingresando datos incorrectos.
En el Senado manifestaron preocupación por los 37 mil trabajadores públicos dentro de ese grupo y el PS Carlos Montes planteó la importancia de "recuperar" la plata.
Luego de que el Gobierno descartó la posibilidad de aplicar un "perdonazo" a los 437.703 trabajadores que recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos necesarios, la Federación Regionalista Verde Social anunció un proyecto para consagrar, al menos, una "amnistía" en favor de las personas involucradas.
Aunque la ley que habilitó la ayuda sólo considera sanciones penales para quienes obtuvieron mediante engaño el préstamo, que era el otro mecanismo de ese paquete para la clase media, el Ministerio Público anunció que podría abrir una investigación penal por eventual "fraude de subvenciones" contra quienes obtuvieron el bono "por la vía de "declarar un monto menor al real en sus remuneraciones de julio".
En este marco, la propuesta de la FRVS quiene que se los "amnistíe", es decir, que "no se les persiga penalmente, porque para el propio Estado realizar 437 mil causas penales es una verdadera locura, y por otra parte también sabemos que es una situación que más bien obedece a razones equívocas", planteó el diputado Jaime Mulet, presidente de la colectividad.
No obstante, precisó, "es un proyecto que no le impide al Estado recuperar el dinero; hay fórmulas para ello, normalmente a través de las declaraciones de impuestos".
Dentro de esas 437 mil personas el Servicio de Impuestos Internos detectó que 37.100 son funcionarios del Estado, lo que preocupa a algunos en la Comisón de Hacienda del Senado, como manifestó el socialista Carlos Montes.
"Los motivos, las situaciones (que hayan llevado a pedir el bono) son diversas, porque la información que algunas personas tienen es que aquí hay policías, profesores; la composición es bastante más compleja, en ese sentido tendría una visión amplia del problema", sostuvo, junto que afirmar que "lo importante es que la gente pague y se recupere la plata".
Los recursos fiscales involucrados ascienden a 256 millones de dólares, cifró el SII cuando informó la situación la semana pasada.
Impuestos Internos indicó entonces que, frente a esta situación, se "estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre".
"He escuchado a algunos dirigentes señalar que esto es parte de un error de diseño", comenzó a su turno el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien luego desestimó aquello.
"Los funcionarios podrán decir lo que quieran, pero acá hay una ley que normó el proceso, entregó las herramientas de fiscalización que se están aplicando con celeridad, y respecto al, entrecomillas, error, puedo mandar si quieren de qué tamaño era el cartel que se despliega con una declaración jurada" en la plataforma para solicitar el bono; "no es algo que pasó de lado o que no se vio", aseguró.
Apuntó, en tanto, que "se descartarán, se validarán y se sancionarán los casos como corresponda".
Respecto a eventuales acciones de la Fiscalía, el SII aún no remite al Ministerio Público el listado completo de los casos fraudulentos detectados.
